martes, 26 de mayo de 2020

Las Diario Tribuna Chiapas/



Más agresiones contra periodistas pese a expectativas con AMLO: Artículo 19


Ciudad de México, 26 MAY (apro).-Pese a las expectativas en materia de libertad de expresión que generó el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no cesaron durante su primer año de gobierno, alcanzando a 609 periodistas y cobrando la vida de diez, advirtió la directora regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
Durante la presentación del informe anual “Disonancia: Voces en Disputa”, Ruelas detalló que el número de ataques contra el gremio periodístico registradas en 2019 representan un crecimiento de casi 100% respecto del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y un aumento de 12% con respecto al registro de agresiones del 2018”.
La defensora del derecho a la libertad de expresión resaltó que, al principio de la administración, hubo expectativas de cambio por el compromiso presidencial de acabar con la censura, por la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho y la liberación de órdenes de aprehensión contra sus agresores; por la reducción presupuestal para a la contratación de publicidad oficial; por la elaboración del diagnóstico sobre las fallas del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la autonomía de la Fiscalía General de la República establecida en su Ley Orgánica.
Frente a los avances, “durante este año fuimos testigos de nuevas amenazas que surgen a través de la estigmatización al trabajo periodístico desde la tribuna presidencial”, alertó Ruelas tras nombrar a los diez periodistas asesinados en 2019, en su discurso transmitido por redes sociales.
La directora de la organización internacional sostuvo que el presidente López Obrador “hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno (y) decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las viejas élites, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa”.
La defensora lamentó que la impunidad se mantiene como la regla en materia de acceso a la justicia, pues de los mil 614 casos que ha tramitado la Fiscalía Especial en Atención a la Libertad de Expresión (FEADLE), 99% sigue sin resolverse, lográndose apenas 14 sentencias contra autores materiales, “sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir”.
En cuanto al Mecanismo de Protección, que tenía bajo su responsabilidad la seguridad e integridad de mil 162 personas, de las cuales 384 son periodistas, Ruelas destacó que hasta ahora no se han instrumentado el centenar de recomendaciones que hizo la ONU-DH.
Al sostener que el derecho a disentir “no está garantizado”, Ruelas dio cuenta de que, en el primer año de gobierno, López Obrador señaló como “fifís”, “conservadores” e “hipócritas” a medios y periodistas críticos de su administración, que terminaron como “detonantes” de amenazas contra periodistas que cubren la fuente presidencial, lo que representa el 15% del reporte de agresiones ocurridas en la Ciudad de México.
De acuerdo con los reportes de Artículo 19, el año pasado las agresiones clasificadas como “uso ilegítimo del poder público” por parte de los tres niveles de gobierno se incrementaron en 100% por ataques como “estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio”.
En su reporte, la organización detectó el uso de cuentas automatizadas en redes sociales, así como “una articulación coordinada y sostenida de redes para favorecer la imagen de los gobiernos, locales y federal, y reducir el alcance de las voces críticas y disidentes”, reflejándose en “oleadas de agresiones” contra periodistas, sobre todo mujeres.
En el 43% de las 609 agresiones se identificó como perpetradores a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, sobre todo a nivel estatal y municipal, y que la cobertura de información política y relacionada con la corrupción se convirtió en el 56% de la causa de los ataques.
Los registros de Artículo 19 alertaron sobre un incremento de violencia contra la prensa en la Ciudad de México, mientras que Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz se mantuvieron como “los estados más violentos”.
En cuanto a la publicidad oficial, la directora regional de la organización de defensa de la libertad de expresión reconoció la disminución considerable del gasto del gobierno federal, al pasar de mil 550 millones de pesos en 2018 a 10 millones 725 mil pesos en 2019.
Sin embargo, “la concentración del gasto sigue existiendo y no sabemos bajo qué criterios”, pues el 57.26 % se distribuyó entre 15 medios, y el 42.74% entre 476 medios de comunicación. Los principales beneficiarios, con 30% del gasto total, fueron Estudios Azteca, con 10.87%, Televisa con 10.84% y La Jornada con 8.03 por ciento.
Sobre las conferencias de prensa matutinas, Ruelas destacó que, durante el primer año de este ejercicio, se pudo demostrar que “no son un espacio informativo” y que, por el contrario, contribuyeron al incremento de solicitudes de información y recursos de revisión hacia la Presidencia de la República, registrándose un aumento de 817% de recursos de revisión “en contra de la falta de respuesta, inexistencia o clasificación de la información por parte de la Presidencia”.
Lamentó que hasta ahora no se haya concretado el compromiso de López Obrador de llevar el servicio de internet a todas las comunidades, pues hasta ahora 34.2 millones de personas no tiene acceso y 16.3 millones de hogares no disponen de conexión a internet.
Entre las recomendaciones que la organización formuló al nuevo gobierno destacan el combate a la impunidad de los crímenes contra periodistas; garantizar la protección al gremio; promoción del “desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación”; alentar el acceso a la información en todo el país, incluidas las comunidades más alejadas y vulnerables; “combatir la desinformación con más y mejor información”; eliminar “el uso del lenguaje estigmatizante, discriminatorio y de incitación a la violencia, y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio público”.
Se ha exacerbado el ambiente hostil: Jorge Carrasco
Durante el foro virtual, el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco, coincidió en que la expectativa de que México dejaría de ser considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Sin embargo, al paso del primer año de gobierno de López Obrador no sólo no se ha cambiado la situación, sino que “se ha exacerbado el ambiente hostil para la prensa”.
Carrasco advirtió que durante este año se advierte una “sofisticación del control de la información” a través de las conferencias matutinas, en las que no solamente se pretende imponer su agenda a la opinión pública, lo cual es válido, pero también transmite mensajes que generan un ambiente contrario a quienes cuestionan el poder público.
“Cuando desde la Presidencia de la República se usa la máxima tribuna, el atril con el Escudo Nacional, con el Palacio Nacional de fondo, el mensaje es poderosísimo, porque se utilizan los símbolos del poder para señalar a la prensa amiga o enemiga”, información que es procesada por los simpatizantes de López Obrador en redes sociales, dijo el director de Proceso.
“Ahí entra la sofisticación, con la generación de mensajes a través de redes sociales para atacar a la prensa. Entramos en un momento nuevo de control, sin cambar el viejo uso discrecional de recursos públicos; ahora la prensa estigmatizada desde el poder con el apoyo de grupos sociales pagados o no, de tal forma que no hay manera de ser disonantes en México, a riesgo de convertirse en objeto de ataques”, puntualizó.
Cecilia La Hoz, abogada de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó los escasos avances en la atención de las observaciones que hizo la organización tras su vista a México en 2017.
Al señalar que uno de los “retrocesos” que tiene el país en materia de libertad de expresión es precisamente el uso de las conferencias matutinas como “plataforma para atacar la disonancia”, La Hoz consideró que es posible vincular los señalamientos estigmatizantes con las agresiones a la prensa.
Las evidencias de lo anterior estarían en las amenazas de muerte contra directivos del Grupo Reforma y las recientes amenazas presuntamente del cártel de Sinaloa sobre hacer estallar sus instalaciones.
“Ante estas situaciones se tiene que atender cuál es el impacto de los señalamientos, que no sólo puede generar agresiones en concreto, sino autocensura por temor”, agregó la relatora de la CIDH al destacar que la organización internacional tiene contabilizados 11 asesinatos de periodistas durante 2019, lo que sigue colocando a México como uno de uno de los países más peligrosos en el continente para ejercer la libertad de expresión.
También participaron en la mesa de discusión Yásnara Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y activista de los derechos lingüísticos, y Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Buenos Aires, Argentina.
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UNACH oferta la licenciatura en Gerontología en la convocatoria de admisión del ciclo escolar julio-diciembre 2020


Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 MAY.-La Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Campus II de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), oferta en la convocatoria de admisión al ciclo escolar julio-diciembre del 2020, la licenciatura en Gerontología.
            Los interesados en pertenecer a la mencionada carrera,  podrán obtener su ficha registrándose en la página www.aspirantes.unach.mx, con la fecha límite del 21 de junio para obtener este documento, cuyo costo de 950 pesos deberá ser solventado para acceder a la evaluación del 30 de junio.
            Considerada una de las mejores instituciones del sureste, la Facultad de Medicina Humana forma profesionales en gerontología, con un amplio sentido ético, humanista y científico, capaces de desarrollar modelos de intervención gerontológica con alto impacto dirigidos al logro de un envejecimiento digno, activo y participativo

La licenciatura en Gerontología está diseñada para ocho semestres, y es importante subrayar que el aspirante deberá tener conocimientos sobre biología, química, física, matemáticas, ciencias sociales y cultura general, entre otras aptitudes.
            Los interesados pueden solicitar mayor información sobre la licenciatura y otros programas de distintas unidades académicas, comunicándose al teléfono (961) 61 5 08 26, de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o al correo aspirantes@unach.mx.
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México registra 501 nuevas muertes por Covid-19 y 3,455 casos confirmados en un día

*El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, reportó que el número acumulado de casos confirmados de contagios de Covid-19 en el país es de 74,560.

México registra 501 nuevas muertes por Covid-19

Ciudad de México, 26 MAY.-México registró este martes 26 de mayo un nuevo máximo diario de fallecimientos provocados por la nueva cepa del coronavirus.
La Secretaría de Salud informó que se registraron 501 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de defunciones ascendió 8,134.
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, reportó que el número acumulado de casos confirmados de contagios de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 es de 74,560, luego de detectarse 3,455 casos más respecto a los reportados ayer, también la cifra más alta registrada en el país.
Del total de casos confirmados de Covid-19, 14,718 forman parte de la epidemia activa, debido a que presentaron síntomas de esta enfermedad en los últimos 14 días. 
Durante el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia de Covid-19 en México, Alomía Zegarra dijo que de las 235,129 personas estudiadas, se analizan 31,878 casos sospechosos y se han descartado a 128,691.
Las autoridades federales y estatales en la República se están preparando para reabrir los sectores esenciales de la economía mexicana, para el regreso gradual a la "nueva normalidad" a partir del 1 de junio, que se regirá por un sistema de semáforo.
México se encuentra entre los 10 países con más decesos por Covid-19, luego de que el lunes 25 de mayo superó a Irán en el número de muertes.
Desde que confirmó su primer caso de coronavirus, el 28 de febrero, y su primera muerte, el 18 de marzo, México no había registrado, en un mismo día, el número más alto tanto de contagios como de fallecimientos, hasta este martes.
El pico inmediato anterior de contagios sucedió el 23 de mayo, cuando en 24 horas el país confirmó 3 mil 329 casos, sin embargo, ese día tuvo 190 muertes, un número menor que un día antes cuando registró la cifra, hasta entonces, más alta de muertes con 479. EL ECONOMISTA
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Lamenta Lorena Villavicencio que 4T “no es lo que esperábamos”

*Exigió que los legisladores de Morena acompañen las demandas de todos los sectores de la población; señaló que el presidente López Obrador debe darle mayor oportunidad a los integrantes de su gabinete

Lorena Villavicencio

Ciudad de México, 26 MAY.-La diputada federal, Lorena Villevicencio, perteneciente a la bancada de Morena, lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “no es lo que esperábamos”.
En entrevista con El Financiero, la legisladora destacó la importancia de la política de austeridad, pero señaló que no es suficiente cuando se permite la corrupción en algunos personajes del círculo cercano del presidente, haciendo énfasis en la impunidad institucional, pues, dijo, no hay consecuencias contra los funcionarios que incurren en estos actos.
Afirmó que el actual gobierno sigue en deuda “con el país incluyente, libertario, pacifista, igualitario, garantista, respetuoso de la ley y de los derechos humanos que ofrecimos en las urnas”.
Aseguró que el presidente López Obrador tiene buenas intenciones, pero que debe permitir una mayor acción de su gabinete, “donde tiene mujeres y hombres talentosos”, pues el mundo “ya cambió”.
Asimismo, dijo que el presidente debe acostumbrarse a la crítica, pues es necesario el contrapeso ciudadano “para ser mejores en nuestra responsabilidad pública”, por lo que también lamentó que al interior de la bancada de Morena haya “censores del pensamiento”, que dañan la libertad de expresión, pues el partido debe ser un espacio de crítica constructiva e intercambio de ideas.
Villavicencio Ayala exigió que los legisladores de Morena acompañen las demandas de todos los sectores de la ciudadanía como grupos feministas, sociedad civil organizada y los nuevos movimientos sociales, pues asegura que enriquecen la democracia.
Dijo que en Morena deben apoyar al Presidente, sin perder de vista que lo importante es el país y sin olvidar la identidad y la causa del partido.
Además, recordó que hay poco tiempo para dar resultados y “edificar un país distinto”, lo cual, dijo, no pueden hacer solos.
Advirtió que la transformación del país se logrará sólo si se consolida el “Estado Constitucional, basado en el respeto cabal a los derechos humanos, la división de Poderes, la justicia garantista y restaurativa”, apostando a una “sociedad igualitaria que garantice una vida libre de violencia a las mujeres y niñas, y, desde una mirada laica, impulse el libre desarrollo de la personalidad”.
Aclaró que apoya la iniciativa del actual presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que el Inegi mida la riqueza del país, pues señaló que se trata de una medida oportuna “dado el contexto de vulnerabilidad que viven actualmente muchos mexicanos”, agregando que es momento de reflexionar sobre un nuevo modelo de distribución de la riqueza que contemple la “eliminación de prácticas económicas predatorias y opresivas, donde la abundancia, el estatus y las oportunidades dejen de verse como fines en sí mismos y donde la competencia no apunte hacia el monopolio y el aumento de la rentabilidad”.
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Exigen liberar a mujeres presas en el penal de San Cristóbal de las Casas



Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 MAY (apro).-Mujeres activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos en Chiapas demandaron al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de 12 mujeres indígenas presas en el penal de San Cristóbal de Las Casas y la revisión de los expedientes de toda la población penitenciaria femenil en el estado, pues muchas deberían estar ya en libertad, máxime en el contexto de esta pandemia, por el riesgo a su salud.
            Patricia Aracil Santos y Julieta Hernández Gómez de la Colectiva Cereza de San Cristóbal de Las Casas, dieron a conocer que solicitaron desde el pasado 27 de abril al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la revisión de expedientes penales y libertad de mujeres indígenas presas de diversos pueblos originarios de la entidad, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta.
            Recordaron que el contexto de la emergencia sanitaria derivado de la pandemia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el pasado 9 de abril a los países miembros de la Oprganización de Estados Americanos (OEA) como México, adoptar las medidades necesarias legales para priteger a las personas en condición de vulnerabildiad, sobre todo las mujeres en situación carcelaria.
Las activistas señalaron que han estado denunciando las condiciones deplorables en las que se encuentran las mujeres el penal estatal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde existe la falta de atención médica, donde hay una precaria alimentación, restricción de la comunicación telefónica, maltrato, amenazas y discriminación por parte del personal, abandono en los procesos jurídicos por parte de jueces y defensores públicos.
Y que ante el reclamo que ellas han hecho, la respuesta ha sido de oídos sordos.
“Sabemos que esto responde a la postura misógina del gobernador chiapaneco y sus funcionarios quienes mantienen un cerco institucional y político hacia el movimiento feminista en Chiapas, invisibilizando la grave situación de violencia hacia las mujeres, sobre todo las que además se encuentran presas como pagadoras de delitos que no cometieron, que fue en defensa propia u orilladas por situaciones de violencia sistemática y estructural, pobreza y marginalidad, entre otras”, señalaron.
Recordaron que el pasado 5 de mayo el gobierno chiapaneco aplicó la reciente Ley Federal de Amnistía liberando por sentencia suspendida o cambio de medida cautelar a 34 presos varones sobre todo del penal de El Amate, pero esta medida nunca benefició a ninguna de las mujeres presas.
En su petición al Poder Judicial del estado de Chiapas, Patricia Aracil Santos, a nombre de la Colectiva Cereza, refiere que “dado el alto impacto que el covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, y ligado a esto, señala que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia”.
Señaló que el Poder Judicial de la Ciudad de México, en acatamiento a los criterios de la CIDH y normatividad nacional e internacional de derechos humanos, ha liberado a 78 reos de las cárceles de esa demarcación territorial en el marco de la crisis sanitaria vivida en el país.
Y que, contrario a ello, en la práctica, el Poder Judicial de Chiapas “ha aprovechado la situación para denegar absolutamente el acceso a la justicia de las mujeres privadas de libertad pues se niega inclusive a hacer trámites urgentes que tienen que ver con preservar la salud y la vida de mujeres en situación de encierro”
Informes de precariedad
Explicó que muchos informes emitidos por organismos internacionales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por organizaciones de la sociedad civil, “dan cuenta de las condiciones precarias en las que viven las mujeres en situación de encierro. Entre esas condiciones está la negación al acceso a la salud”.
Expuso que en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, “ni siquiera tiene médico, siendo que ante el riesgo de contagio de covid-19 la población carcelaria es población cautiva en caso de que se propagara el virus, pues es de su conocimiento que las mujeres en el área femenil se desenvuelven en espacios compartidos y es imposible guardar el distanciamiento social ordenado por las autoridades sanitarias”.
Y que, aunado a ello, las medidas que ha tomado la Subsecretaria de Seguridad Pública encargada de la administración de los centros penitenciarios se ha limitado a prohibirles las visitas a las mujeres, lo que priva a las mujeres del acceso a los recursos más elementales como son alimentos, ya que en el CERSS#5 en el área femenil reciben dos comidas diarias muy precarias y carentes de una alimentación nutricional adecuada.
Denunció en la carta enviada al Poder Judicial del Estado, que las mujeres indígenas presas no tienen acceso a agua potable, lo que aumenta el riesgo sanitario, tampoco reciben enseres de aseo personal ni de limpieza (en plena contingencia), tampoco tienen acceso a medicamentos, no hay médico en este momento de emergencia sanitaria, ni pueden acceder a dinero para estar en posibilidad de comunicarse con sus defensores y familiares ya que el teléfono tiene un costo, y con la falta de visitas no pueden vender sus trabajos.
Como en muchos penales femeniles, en el interior del penal de San Cristóbal de Las Casas, “no se han implementado protocolos de salud relacionados a la contingencia del covid-19 ni se ha realizado la sanitización de los espacios, ni siquiera se ha dotado a las mujeres de los productos de limpieza esenciales para mantener sano el espacio.
Acusó que las medidas tomadas en torno a la emergencia sanitaria han servido para exacerbar la vulneración de derechos humanos en contra de las mujeres y ponerlas en riesgo, contraviniendo la normatividad nacional e internacional y en contracorriente, los centros penitenciarios están empleando criterios innecesarios y desproporcionales en contra de personas en situación de vulnerabilidad como son las mujeres privadas de libertad que, además, son en su mayoría indígenas, de alta marginalidad”.
“De manera que con estas medidas que privan a las mujeres del acceso a los bienes más elementales para la sobrevivencia diaria, las autoridades penitenciaras están vulnerando derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de la discriminación a grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, esto es, las mujeres privadas de libertad”, dice la carta.
La Colectiva Cereza de San Cristóbal de Las Casas, refiere al menos 12 casos de mujeres que deberían estar en libertad, y en el documento entregado al Poder Judicial del Estado se detalla cada uno de esos 12 casos, que por respeto a la privacidad de esas mujeres indígenas, pidieron a este reportero la no difusión de sus nombres.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2020



Tapachultecos responsabilizan al INM y al Secretario de salud, por repunte de Covid de Tapachula

Tapachula, Chis., 26 MAY.-De Nada sirvieron las múltiples denuncias hechas por los vecinos en contra de Yadira de los Santos Robledo, delegada del INM, por omitir las recomendaciones del sector Salud; pues mantiene  aglomeraciones de más de 400 personas extranjeras en el área de Regulación migratoria en Tapachula.
Estas conductas de omisión que tiene Yadira de los Santos han hecho que repunte el Municipio de Tapachula como el municipio con más casos positivos de Covid-19,  incluso más que Tuxtla Gutiérrez.
Y es que los migrantes que se mantienen a la espera de concluir los trámites para obtener su documento migratorio, han optado por rectar casas en colonias populares de todas las zonas de Tapachula, por lo que el riesgo de propagación del Covid se potencializa, ya que los migrantes permanecen hacinados en el área de regulación migratoria sin ningún tipo de protección y regresan a su lugar de residencia poniendo en grave peligro a sus vecinos.
En la colonia las Américas al norte de Tapachula, ya se registró la muerte de un extranjero, presuntamente por Covid, donde el miedo llegó a tal grado que los mismos vecinos contrataron los servicios funerarios exprés para que levantaran el cuerpo, ya ninguna autoridad se hizo responsable y solo llegaron a verificar la muerte de la persona.
Por otra parte los vecinos de las colonias aledañas a las oficinas del INM, argumentaron que interpondrán una denuncia en contra del Secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, “a él lo responsabilizamos,  porque aquí estamos desprotegidos, ya que vemos que Yadira de los Santos es intocable pues Zoé Robledo Director del IMSS y primo de la funcionaria federal, la tiene cobijada por alguna Razón”.
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Internos del Amate ganan Amparo para permanecer aislados y atendidos por presunto contagio de Covid-19

Por Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 MAY.-El Juez Cuarto de Distrito ordenó la revisión médica de Marcos Ruiz López y Guadalupe Gómez Hernández, ambos internos del Penal El Amate, quienes desde el pasado veintidós de mayo tramitaron su Amparo Federal y admitido apenas este día veinticinco del presente mes.
Así lo confirmó el Centro de Derechos Humanos Ku'untik y el Despacho de Asesoría y Defensa Legal Sureste, quienes explican que el Juez Federal; Mario Fernando Gallegos León, ordenó lo conducente.
“1. Dictar las medidas preventivas y acciones necesarias y suficientes para contener y evitar la propagación del virus COVID 19, a efecto de garantizar la salud y la vida de los peticionarios del amparo y se les realicen los estudios y análisis necesarios, a fin de establecer si padecen dicho virus.
2. En caso de obtener resultado positivo, se implementen y mantengan las medidas sanitarias decretadas por las autoridades de salud y se proporcione a los afectados el tratamiento médico correspondiente, lo que incluye –desde luego- el otorgamiento de los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad, así como la realización de estudios de laboratorio, consulta con especialistas y, en general, cualquier servicio médico que resulte necesario para tratar el padecimiento; además, que deberá permitirle que se comunique con sus familiares a través de medios alternativos de contacto.
3. Asimismo, se requiere a las autoridades demandadas para que informen en el ámbito de sus responsabilidades y en acatamiento a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias federales, cuáles son las medidas que han implementado a fin de prevenir contagios del virus COVID 19 y garantizar la adecuada atención médica de todas las personas privadas de libertad bajo custodia.”
Por ello este organismo no gubernamental de derechos humanos considera prioritario se adopten de todas las medidas para salvaguardar la vida y la integridad personal de todos los internos que se encuentran en el CERSS 14 El Amate, finalizan.
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Gobierno de Suecia nomina a párroco de Simojovel a un premio por su activismo social


Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 MAY (apro).-El gobierno de Suecia nominó al párroco de Simojovel Marcelo Pérez Pérez al premio The Per Anger Prize, que otorga ese país a los destacados activistas defensores de derechos humanos que trabajan a favor de la paz y la democracia en diversos regiones del mundo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), dio a conocer el lunes nominación del párroco Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote indígena tzotzil que se ha destacado en la región abrazando las causas de los diversos pueblos originarios que lucha en defensa del agua, la tierra, el territorio y contra la minería.
El párroco, dijo el Frayba, constantemente han recibido amenazas, hostigamientos y vigilancia física, así como hostigamientos en las redes sociales, agresiones que buscan desacreditar y deslegitimar su labor en defensa y promoción de los derechos humanos frente a la violencia, corrupción e impunidad que se vive en la región sureste de nuestro país.
Hasta hoy, dijo ese organismo defensor de derechos humanos, el gobierno estatal y federal, no cuenta con una estrategia específica para una investigación efectiva sobre la responsabilidad de estos hechos y que esta omisión, representa un impedimento para el libre ejercicio de sus actividades.
El párroco es beneficiario de medidas cautelares (MC-506-14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde Washington y con registro dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del Estado mexicano.
Sin embargo, los ataques contra el párroco y su equipo pastoral no cesan, lo cual les pone en alto riesgo para su vida, seguridad e integridad, expuso el Frayba.
Señaló que la nominación a este prestigiado premio, es un reconocimiento a la “incansable labor” que realiza el Padre Marcelo Pérez junto con su Consejo Parroquial de Simojovel; y por su trabajo como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de la Provincia Eclesial de Chiapas, México, en defensa de los derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad de los Pueblos Originarios en un contexto de violencia sistemática.
The Per Anger Prize es un premio internacional, establecido en 2004 por el Gobierno sueco. El premio lleva el nombre de Per Anger, quien comenzó el trabajo para salvar a los judíos de la persecución y la muerte durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría, ocupada por los nazis.
El jurado designado fallará al ganador o ganadora para edición 2020 en el mes de septiembre.
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CCI pide a AMLO declarar a la agricultura como actividad estratégica a fin de evitar hambruna en un futuro inmediato

Ciudad de México, 26 MAY.-José Amadeo Hernández Barajas, Presidente de la Central Campesina Independiente, pidió al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, declarar la agricultura y la distribución de alimentos como actividades estratégicas a fin de evitar que la crisis sanitaria se transforme en crisis alimentaria.
Puntualizó “es estratégico porque al garantizar el acceso a los alimentos habrá estabilidad social en el país sobre todo cuando los campesinos trabajan la tierra sin amedrentarse por una pandemia que genera estragos a nivel mundial”.
Cuestionó los resultados de las reuniones del Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, con el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega así como con el líder de la ANTAD, Vicente Yáñez, excluyendo a los pequeños y medianos agricultores, “presuntamente para garantizar abasto frente a crisis social”, sin embargo, lo que estamos viendo es que los intermediarios se apoderan del mercado propiciando alzas desmedidas en el costo de alimentos de la canasta básica en esta cuarentena, los cuales son superiores al 60 por ciento en algunos productos.
Los productos que más han subido entre el 20 de marzo que inició la contingencia sanitaria y el 6 de mayo, fueron el chile, con un incremento de 62.5 por ciento al pasar de 40 a 65 pesos por kilo; la cebolla, que aumentó 59.09 por ciento; y el jitomate, con una alza de 45.45 por ciento al pasar de 33 a 42 pesos por kilo.
Otros alimentos que tuvieron incrementos importantes fueron la naranja, en 33.33 por ciento al pasar de 15 a 20 pesos por kilo; la papa, que aumentó 25 por ciento de 24 a 27 pesos por kilo; y el aguacate, que creció 15.38 por ciento de 65 a 75 pesos por kilo.
El aumento de precios en los alimentos no beneficia a los agricultores como sucede a los productores de cebolla en Chihuahua, quienes optaron por tirar toneladas a la basura en lugar de aceptar la oferta de 1 peso por kilo. Cuando en la Ciudad de México se oferta el kilogramo entre 35 y 40 pesos, situación que se replica en otros cultivos.
Las frutas y hortalizas siguen llegando a las centrales de abasto de las grandes ciudades del país, pero con otros precios que no precisamente beneficiaron a los campesinos mexicanos, destacó el dirigente de la CCI.

Con respecto al productor de maíz, mencionó el Presidente de la CCI, que enfrenta problemas para comercializar la producción Otoño/Invierno, pues la tendencia a la baja de las cotizaciones de los futuros de maíz y la apreciación del tipo de cambio, están provocando que el precio al productor se aleje del precio de garantía de Segalmex.
Los futuros de maíz a julio 2020, cotizados el pasado jueves, bajaron 0.7 dólares para ubicarse en 125.1 dólares, lo que sumado a la base de 32 dólares y considerando el tipo de cambio fix se integra un precio de $3,659.7 por tonelada, a lo que se le suma el apoyo de $289.6 da un ingreso completo al productor de $3,949.3 por tonelada, es decir, $200.7 abajo del Precio de Garantía de $4,150.
Mientras que los futuros de trigo a julio 2020, subieron 0.8 dólares para alcanzar los 189.6 dólares, lo que representa un ingreso de $4,929.4 por tonelada, más el apoyo de $599.96 hasta 100 toneladas, da un ingreso completo al productor de $5,529.4 por tonelada de trigo panificable, es decir, $260.6 abajo del Precio de Garantía de $5,790.
Con lo anterior, el pequeño y mediano agricultor apenas alcanzará a cubrir sus costos de producción, advirtió José Amadeo Hernández Barajas.
La Central Campesina Independiente, dijo, apoya la iniciativa del Gobierno Federal de garantizar el abasto de alimentos en la etapa de contingencia sanitaria provocada por la COVID 19, sin embargo está en desacuerdo con el Secretario, Víctor Villalobos, quien excluye a los productores del sector social en la definición de acciones y estrategias para lograrlo.
Para José Amadeo Hernández Barajas, es loable dialogar con los representantes de productores, transportistas y comercializadores de alimentos del país pues es estratégico concertar la voluntad de todos los participantes en las cadenas de suministro de alimentos que, en condiciones de contingencia, es importante garantizar.
El abasto, dijo, es primordial pero también lo es el garantizar la estabilidad de los precios ya que desde el inicio de la contingencia sanitaria, los comerciantes han subido los precios, no solo en productos de curación como es el alcohol que casi duplicó su precio, sino también de los alimentos de primera necesidad.
En ese sentido, demandó que se exija al representante de las tiendas de autoservicio que se comprometan a mantener los precios en niveles razonables, más aún cuando muchos mexicanos han visto severamente reducidos sus ingresos.
Asimismo, solicitó al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que redefina la política agropecuaria pues no será posible para los productores enfrentar los efectos de la crisis económica que ya se empieza a sentir, con un modelo y programas eminentemente asistencialistas: “No es posible que el gobierno opere un programa de fertilizantes sólo para 5 estados del país; no es posible el manejo de un sistema de precios dual, excluyente e insuficiente; no es posible un programa ganadero enfocado a una sola región y a una sola especie animal”, sólo por mencionar algunos de los componentes de la política agropecuaria del actual gobierno.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2020

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