POLÍTICA AL MARGEN
Por Jaime Arizmendi
*Quitar a Partidos la
Mitad del Financiamiento Público; Morena
*Matrimonio de
Adolescentes, Problema Mundial Creciente
Argonmexico / ¡Fuera
la chiquillada!… Recortar el dinero público a los partidos, ha
sido desde hace décadas un reclamo social, sobre todo cuando institutos
políticos aparecen y desaparecen sin que se les audite ni se conozca el destino
real de los recursos que recibieron del erario o, peor aún, que su
“contribución” al sistema de partidos haya sido nula, y hasta desastrosa para
los comicios.
No obstante, aunque se
entiende del peligro de que, por la falta de recursos oficiales, partidos y
candidatos podrían caer en las garras millonarias de los recursos provenientes
de actividades ilícitas, de cuando en cuando, legisladores abordan este
espinoso asunto y llegan a plantear la necesidad, con carácter de urgente, de
recortar el financiamiento público que se brinda a los institutos políticos.
El 28 de agosto de
2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló y consideró
constitucional, la llamada #LeyKumamoto que reduce el financiamiento de los
partidos políticos en el estado de Jalisco en un 60 por ciento, misma que fue
aprobada el 1 de junio de ese año.
Para los siete
ministros que integraron el bloque mayoritario, la legislación impulsada por el
diputado independiente Pedro Kumamoto y cuya bandera fue: “#SinVotoNoHayDinero”
se basó en un tema de libre configuración legislativa para los estados de la
República. Así, se pronosticó que, en tres años, Jalisco ahorraría 550 millones
de pesos.
El 26 de julio pasado,
luego del triunfo comicial de Morena y a casi un mes del relevo de la LXIII
Legislatura, desde el partido de Andrés Manuel López Obrador se replanteó el
recorte del presupuesto destinado a los institutos políticos en “por lo menos
50 por ciento”.
Vale anotar que, para
el ejercicio anual del 2018, los partidos recibieron 12 mil 752 millones de
pesos: seis mil 702 millones en recursos federales, entregados por el Instituto
Nacional Electoral; y seis mil 50 millones, provenientes de los organismos
estatales.
En ese marco, el
senador morenista Alejandro Armenta Mier, propuso este martes reducir el monto
del financiamiento destinado a las actividades ordinarias de los partidos
políticos del 65 al 32.5 por ciento, al calificarlo como “excesivo”, sostuvo
que la sociedad reclama menos dinero para los institutos políticos.
Expuso que se plantea
incluir a los partidos políticos en el plan de austeridad del Gobierno Federal,
para argumentar: se liberarán fondos para el desarrollo social, se recuperará
parte de la actividad productiva y rescatar al campo; se crearán empleos y se
establecerá un auténtico estado de bienestar económico y social.
El legislador poblano
repuso que la reducción propuesta aplicará al disminuir de 65 a 32.5 por
ciento, resultado de multiplicar el número total de ciudadanos en el padrón
electoral, multiplicado por ese porcentaje de valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, al referir que los partidos, como entidades de interés
público, y por tener un ingreso económico por parte del Estado, deben adherirse
al Plan de Austeridad Republicano.
Tras subrayar que, con
el elevado financiamiento público a partidos políticos y a candidatos, se priva
de recursos a escuelas, hospitales, infraestructura y salarios a empleados.
Así, en tanto decenas de asociaciones políticas buscan constituirse en
partidos, es factible que la disminución del financiamiento público les haga perder
el interés por alcanzar esa calificación. Que dejen de ser negocio, a
veces de una familia…
Bodas Obligadas de
Menores… Si la tendencia actual continúa, este tropiezo
social afectará a más de 140 millones de niñas en 2020, quienes a menos que se
impida, contraerán matrimonio forzado a edades tempranas. Se relacionan con la
pobreza, la desigualdad de género y la falta de protección de los derechos de
los niños.
Cifras de organismos
que analizan ese asunto, señalan que 14 de cada 100 niñas de los países en vías
de desarrollo se casarán antes de cumplir los 15 años, y una de cada tres lo
habrá hecho antes de cumplir los 18 años.
En el caso de Yucatán,
datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), reportan que la situación
conyugal de la población adolescente muestra que de los 226 mil 171 yucatecos
de 12 a 17 años, para 2015 el 96.2% era soltero; cuando mil 710 estaban casados
y cinco mil 686 se encontraban en unión libre.
Peor aún, 227 ya
estaban en calidad de “separados, divorciados o en viudez”, y se debe
considerar que 920 adolescentes más se encontraban en el grupo de los no
definidos. En general, el matrimonio infantil es fruto de una combinación de
pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los
niños.
Roger González Herrera,
director del Coespo en Yucatán, indicó que, según estudios en el tema, los
factores subyacentes del matrimonio infantil son complejos y están
interrelacionados, las razones varían dentro de los países y, entre ellos, en
función de las circunstancias individuales y los contextos sociales.
Esos factores se
agravan con frecuencia por un acceso limitado a una educación de calidad y a
oportunidades de empleo, aparte de que se ven reforzados por las normas
sociales y culturales arraigadas.
Respecto al porcentaje
de contrayentes adolescentes de 12 a 17 años por sexo, los datos muestran una
brecha amplia en los matrimonios, las casadas eran el 1.17%, y los hombres el
0.34%. Quienes se definen en unión libre alcanzan el 3.86% de las mujeres y el
1.18% de los hombres.
Pero resulta indudable
que las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas
y emocionales, además de sociales y económicas. Ya que las niñas casadas en la
infancia tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela, con frecuencia
son tratadas como adultas y muchas cargan con las funciones y responsabilidades
de los mayores.
El Censo General de
Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal del Inegi 2015 reporta que
la situación conyugal de la población de 12 años y más en Yucatán, durante el
período 2010-2015, registró aumentos absolutos y variados según la situación de
la unión. La población casada creció un 6.9% en el mismo período; y la que optó
por la unión libre aumentó un 37.5%.
Al mismo tiempo, según
Luis Iván Alpuche Escalante: la población separada registra un incremento
elevado del orden del 36.6%, la que se encuentra en situación de divorciada el
12.8% y la viuda, con el 15.5 por ciento. Y, como dicen los
legisladores: ¿No son estas condiciones “de urgente y obvia resolución”?…
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Jaime Arizmendi le
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