Desalojan
predio en Tuxtla Gutiérrez; invasores roban armas y vandalizan comercios
Por
Isaín Mandujano
Tuxtla
Gutiérrez, Chis., 15 MAR (apro).-Cientos de policías estatales y
municipales desalojaron esta mañana con gas lacrimógeno a miembros de una
organización social que invadieron un predio en el noroeste de la capital del
estado.
Alrededor de las
seis de la mañana, fuerzas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del
Estado (FGE) ejecutaron una orden de desalojo de un predio ubicado sobre el
Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, el cual permanecía ocupado de
manera ilegal por un grupo de personas adheridas al Movimiento Obrero Campesino
Regional Independiente-Emiliano Zapata (MOCRI-Zapata).
En el operativo,
ejecutado por el Grupo Interinstitucional y encabezado por autoridades
ministeriales de la Fiscalía, se utilizó gas lacrimógeno contra personas que,
armadas con palos, piedras y machetes, arremetieron contra los agentes.
En el inmueble
mencionado fueron halladas y desmanteladas diversas construcciones de madera y
láminas, así como una máquina retroexcavadora que era usada para la
construcción de una calle dentro del predio.
En esta acción
participaron policías y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado,
agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Vecinos del
predio invadido aplaudieron el paso de la policía, facilitaron el paso a los
agentes y les dieron agua.
En respuesta,
los miembros de esta organización vandalizaron vehículos particulares y dos
patrullas, de las cuales robaron dos armas de fuego, una larga y una corta.
También
vandalizaron algunos negocios de una plaza comercial bloquearon distintas
vialidades de la ciudad y amagaban con volver a invadir el predio, donde
cientos de policías estatales hacen guardia.Noticias/Diario
Tribuna Chiapas/2019
Gobierno
Municipal de Tuxtla Gutiérrez se suma al operativo de desalojo encabezado por
la FGE
Tuxtla
Gutiérrez, Chis., 15 MAR.-El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se sumó a
las acciones implementadas por fuerzas de seguridad, coordinadas por la
Fiscalía General del Estado (FGE), que dieron cumplimiento a una orden judicial
de desalojo en un predio ubicado sobre el libramiento norte poniente, mismo que
se mantenía ocupado por un grupo de personas de manera ilegal.
Estas
acciones se enmarcan dentro de los acuerdos de la Mesa de Seguridad presidida
por el gobierno del estado de Chiapas, con la participación de diversas
dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de fortalecer el
estado de derecho, la seguridad y tranquilidad en la entidad.
El
gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, confirma su postura por el
restablecimiento de la legalidad, que garantice el respeto al derecho de terceros
y a la propiedad ajena, por lo que reprueba todo tipo de actos que conlleven a
la invasión de predios con la consecuente afectación de los legítimos
propietarios.
En
este operativo participaron de manera coordinada la Fiscalía General del
estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal y personal de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, para constatar el pleno respeto a los derechos humanos.
Finalmente,
se asume el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para
garantizar el estado de derecho, la convivencia armónica y para que el respeto
a la legalidad sea un hecho en el municipio y en la entidad.Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2019
López
Obrador revela exceso en gasto de seguridad privada; 50 mil elementos cuidan al
gobierno
Por
Emmanuel Carrillo
Ciudad
de México, 15 MAR (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó
que se revisan diversos contratos que administraciones pasadas dieron a
empresas privadas de seguridad para el resguardo de instalaciones federales.
En ese sentido,
el mandatario explicó que se tiene información de contratos asignados a
corporaciones para que al menos 50 mil elementos cuidarán secretarías de
gobierno.
El tabasqueño
reprochó que su gobierno no pueda rescindir dichos servicios por la cantidad de
recursos erogados a la seguridad del aparato gubernamental.
Incluso, dijo,
la seguridad ciudadana sólo tenía apoyo de 10 mil elementos de la Policía
Federal lo cual es contrastante.
“El gobierno
contrataba, todavía lo sigue haciendo, porque no se pueden cancelar contratos,
a 50 mil elementos de policías privadas para cuidar instalaciones de gobierno”.
“Todas las
dependencias tenían contrato con empresas privadas para la seguridad de las
instalaciones mientras la seguridad pública que es la función principal del
gobierno se atendía con 10 elementos. El estado de indefensión era total, pero
el gobierno si estaba protegido”, agregó.
El presidente
afirmó que su gobierno revisará los contratos que las dependencias hayan
adquirido y pondrán especial énfasis en comprobar que los recursos hayan sido
asignados y si los servicios se emplean adecuadamente.
Noticias/Diario
Tribuna Chiapas/2019
Con
amparo, Lorenzo Córdova busca evitar la reducción de su salario
Ciudad
de México, 15 MAR (apro).-El pasado 12 de marzo, el titular del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, interpuso un juicio de amparo ante
el Juzgado Primero en materia administrativa del Primer Circuito con el
propósito de evitar la reducción de su salario, cuyo monto supera en por lo
menos 50 mil pesos al del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ronda los
108 mil pesos mensuales.
La demanda quedo
radicada en el expediente 456/2016.
En su escrito,
Córdova Vianello impugna el acuerdo INE/JGE40/2019 por el que se aprueban para
el ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para los Servidores
Públicos de Mando, así como la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos
y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, el
14 de marzo el juez Jonathan Bass Herrera se declaró incompetente para conocer
de este juicio; argumentó que la “litis en este juicio de amparo tiene por
objeto la preservación de un derecho laboral, como lo es el interés que tiene
el quejoso para que los ingresos que recibe con motivo de los servicios que
presta no sean disminuidos”.
Con base en
dicho argumento, el juzgador negó la suspensión al consejero presidente del INE
y ordenó remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Juez de
Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en turno. Noticias/Diario
Tribuna Chiapas/2019
Detienen
a 37 personas por vandalismo y bloqueos en Tuxtla Gutiérrez
Por
Isaín Mandujano
Tuxtla
Gutiérrez, Chis., 15 MAR (apro).-Al menos 37 personas fueron detenidas
tras el desalojo de un predio en el noroeste de la capital del estado que
derivó en una serie de actos vandálicos en diferentes puntos de la ciudad que
incluyeron la quema de vehículos y daños a centros comerciales y oficinas
gubernamentales.
La Fiscalía
General del Estado (FGE) reportó la detención de 32 hombres y cinco mujeres,
presuntos integrantes del Movimiento Obrero Campesino Regional
Independiente-Emiliano Zapata (MOCRI-Zapata) que fueron llevados ante el
Ministerio Público para ser puestas a disposición de un juez de control.
Tras el
operativo, que inició a las 6 de la mañana junto al Libramiento Norte-Poniente
de Tuxtla Gutiérrez, en el que fue desalojado un predio, los invasores se
dispersaron y realizaron diversas acciones de protesta, aunque primero
vandalizaron patrullas y robaron un arma corta y una larga de una de ellas.
Los invasores
bloquearon con un tráiler una vía principal a la altura de la colonia Terán, en
el poniente de Tuxtla; otro grupo bloqueó la salida oriente hacia Chiapa de
Corzo y la región de los Altos de Chiapas.
Armados con
palos, piedras y tubos, otro grupo vandalizó varios negocios y unos 10
vehículos de particulares que estaban en el estacionamiento de un centro
comercial.
También
provocaron incendios en lotes baldíos y quemaron vehículos, lo que provocó la
movilización de los cuerpos de bomberos. Otro grupo más vandalizó al Registro
Público de la Propiedad.
Policías
estatales persiguieron por varios puntos de la ciudad a miembros de la
organización.
Los disturbios y la movilización
policiaca provocaron la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas.
De acuerdo con
la Fiscalía, tres hombres y tres mujeres fueron detenidos durante el desalojo
del predio.
Otros tres hombres fueron detenidos en
la plaza comercial, y el resto, 26 hombres y dos mujeres, fueron detenidos a la
altura de la avenida 5ª Norte y Calle Central.
En respuesta,
miembros de la MOCRI-Zapata iniciaron movilizaciones en Villaflores, Suchiapa,
Berriozabal y otros municipios de Chiapas.
Empresarios exigen aplicar
la ley
Enoch Gutiérrez Cruz, líder de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), manifestó su apoyo
al gobierno estatal por este operativo policiaco para el restablecimiento del
estado de derecho en Chiapas.
El líder de los empresarios en la región
centro de Chiapas pidió al gobierno que no permita más impunidad y que los
responsables paguen las consecuencias de sus actos y actividades ilícitas que
atentan contra la sociedad chiapaneca.
Por su parte,
diputados del Congreso del Estado señalaron que esos grupos pretenden
desestabilizar y que durante años han violentado los derechos y las garantías
individuales de los ciudadanos, por lo deben entender que nada lograrán al
margen de la Ley.
“Es el momento
de cerrar filas entre todos los sectores para mantener al estado en la ruta del
desarrollo social, para garantizar la seguridad pública, la estabilidad
política y la paz social que son necesarias, con el fin de consolidar el
crecimiento en la entidad”, dijeron en un pronunciamiento público.Noticias/Diario
Tribuna Chiapas/2019
De
300 cárceles en el país, sólo 18 son femeniles y concentran al 40% de mujeres
presas: CNDH
Ciudad
de México, 15 MAR (apro).-De los 300 centros penitenciarios que hay en el
país, sólo 18 son femeniles y concentran al 40.2% de las mujeres privadas de la
libertad, mientras que el 59.8% restante se distribuye en centros
penitenciarios mixtos, con calificación reprobatoria de 5.98.
De acuerdo con
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), los centros penitenciarios femeniles que albergan
a cuatro mil 209 personas obtuvieron una calificación de 7.26, mientras que los
mixtos presentaron carencias en espacios dignos y de servicios específicos para
atender a las internas.
Por esta razón,
la CNDH reafirmó la necesidad de una prisión femenil por cada entidad
federativa, que cuente con las condiciones requeridas para la atención de las
niñas y niños que viven con sus madres, a fin de mejorar la situación de las
mujeres en reclusión y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
Las Reglas de
las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas
de la Libertad para Mujeres Delincuentes, conocidas como “Reglas de Bangkok”,
fue el tema central del evento organizado por la CNDH, en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
En este foro,
especialistas y académicas se pronunciaron a favor de programas sobre justicia
restaurativa y la posibilidad de que, conforme a los estándares
internacionales, un número importante de mujeres puedan ser externadas y
apoyadas en libertad.
Ruth Villanueva
Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, quien encabezó el encuentro,
señaló que las mujeres internas en centros penitenciarios conforman uno de los
grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que es de suma
importancia visibilizar su situación, así como su proceso de liberación.
Asimismo,
destacó la necesidad de contar con la colaboración de autoridades, organismos
autónomos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la
población en general, para contribuir a eliminar el estigma que se presenta
ante las mujeres privadas de la libertad, conociendo vivencias de mujeres que
han estado en reclusión y de los obstáculos que enfrentan al salir.
Expresó que de
esta situación se derivan las “Reglas de Bangkok”, por lo que la CNDH también
ha emitido diversos documentos como Recomendaciones Generales y particulares,
Informes Especiales, Documentales y Diagnósticos Nacionales de Supervisión
Penitenciaria.
Además, el
evento contó con la presencia de mujeres que han transitado por la prisión,
quienes narraron sus testimonios; así como con la participación de
especialistas y académicas en la mesa, quienes coincidieron en afirmar que los
centros penitenciarios son el espejo más claro de la sociedad en general.
Entre ellas,
María Guadalupe Hernández Guzmán, fundadora del Centro de Rehabilitación en
Atención Infantil y Adolescencia (CRAIA, A.C.), y Alma Yelli Angulo Orozco,
creadora del programa “Libertad en Movimiento”, quienes contaron sus vivencias
y coincidieron en señalar que las mujeres que han estado en prisión sufren
muchas veces depresión, discriminación y aislamiento por amigos y por la
sociedad en general, y al obtener su libertad difícilmente pueden acceder a un
trabajo.
Por su parte,
Patricia Olamendi, consultora internacional de ONU-Mujeres, señaló que las
mujeres en reclusión conforman una población excluida y en condiciones de gran
vulnerabilidad, puesto que en muchos casos, no se cumple con los criterios
contenidos en los instrumentos internacionales, a lo que se suma la ausencia de
perspectiva de género en el trabajo de fiscales y jueces.
Agregó que se
deben unir fuerzas para participar intensamente en la búsqueda del acceso a la
justicia para todas las mujeres, por lo cual ya se encuentran trabajando en un
Modelo para la Reinserción Social de las Mujeres Privadas de Libertad, que se
apegue a lo establecido por las leyes.
A su vez,
Adriana Aguilar Arias, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL),
invitó a sumarse a la tarea de realización de diagnósticos sobre la materia,
con motivo de la presentación de resultados de un estudio realizado en diversos
centros de reclusión.
Y Karla Villarreal
Sotelo, jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, indicó que ante la situación de espacios
alterados por la violencia, la academia está llamada a sumarse como un elemento
fundamental para optimizar al sistema penitenciario con propuestas que permitan
lograr la reinserción social y que puedan cristalizarse objetivamente.
Empresarios exigen aplicar
la ley
Firma
Administración Central de la UNACH el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato
del Personal Académico
*El acuerdo fue signado por el rector
Carlos F. Natarén Nandayapa y la secretaria General del SPAUNACH, Indra Ruth
Toledo Coutiño.
Tuxtla
Gutiérrez, Chis., 15 MAR.-Este es el primer paso en la historia para iniciar
la refundación de nuestra universidad, misma que no podrá hacerse sin trabajar
de la mano de nuestros docentes, aseveró el rector de la Universidad Autónoma
de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa, luego de la firma del Contrato
Colectivo de Trabajo 2019, con la secretaria General del Sindicato del Personal
Académico (SPAUNACH), Indra Ruth Toledo Coutiño.
Sobre
este acuerdo, que otorgó un 3.35 por
ciento de aumento al salario y 0.9 por
ciento en prestaciones no ligadas al mismo, expresó que este es un momento
histórico para el país, para nuestro estado y la institución, por lo que deberá
trabajarse de forma coordinada, consensuada y ordenada para convertir a la
UNACH en una institución educativa de referencia, no solamente en el Sur del
país, sino en todo Centroamérica.
Natarén
Nandayapa refirió que su administración trabaja para cumplir con las
obligaciones fiscales y de pago a las entidades de seguridad social, que
permita a sus trabajadores tener certeza laboral y en sus prestaciones.
Expuso
también que esta es una responsabilidad compartida, invitando a todos los
profesores a pensar en cómo contribuir al crecimiento de esta institución, cómo
hacerla mejor de lo que ya es; estableciendo que la actual administración se
compromete a proteger los intereses de todos los que forman parte de esta
universidad.
“En
este contexto de cambio nos encontramos nosotros, los integrantes de una
universidad pública estatal, en el momento en que ese modelo de universidad
está en crisis, en el momento en que una universidad grande con ciertos diseños
realizados desde los reclamos de autonomía, en este momento tiene que ser
repensada, para convertir a nuestra universidad en una más fuerte; debemos
replantearnos esta idea y para eso también necesitamos unión y trabajo”,
puntualizó.
En este marco,
la secretaria General del SPAUNACH, Indra Ruth Toledo Coutiño, comentó que esta
firma se logró demostrando que las buenas intenciones pueden concretarse en
excelentes acciones.
Dijo
también que la buena voluntad, el dialogo y la concertación de acuerdos firmes
y respetuosos son los caminos idóneos para obtener beneficios comunes,
agradeciendo en nombre de todos los agremiados la comprensión y atención a las
peticiones del pliego petitorio que fueron en beneficio de la base trabajadora.
Finalmente,
solicitó que este respeto, dedicado al diálogo, permanezca en todos los
aspectos de la vida laboral y académica, en beneficio de la Máxima Casa de
Estudios del estado, esta organización sindical y la sociedad chiapaneca.
En
esta firma estuvieron presentes la
secretaria General, María Eugenia Culebro Mandujano; la secretaria Académica,
Leticia Flores Alfaro; el secretario Administrativo, Roberto Cárdenas de León;
el secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho
Morales; la directora General de Investigación y Posgrado, Guadalupe Rodríguez
Galván; el Coordinador General de Finanzas, David Hernández Hernández; el
Director de Asuntos Jurídicos, José Juan Pérez Ramos; el director General de
Extensión Universitaria, Gonzalo López Aguirre; el director de la Defensoría de
los Derechos Universitarios, Enrique Pimentel González-Pacheco, entre otros
servidores públicos.
Noticias/Diario
Tribuna Chiapas/2019
Respalda
Poder Judicial aplicación del Estado de Derecho
Tuxtla
Gutiérrez, Chis., 15 MAR.-En el marco del ejercicio de la Ley con estricto
apego al respeto a los Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado de
Chiapas respalda las acciones encabezadas por el Ejecutivo Estatal para
garantizar la paz social y la aplicación del Estado de Derecho en beneficio de
las y los chiapanecos.
Particularmente
respecto de la ejecución de una Orden de Desalojo, que ejecutaron representantes de la autoridad en el predio denominado Rosario
El Sabinal en la zona Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez ocupado de manera
ilícita, el Poder Judicial ratifica su compromiso con la legalidad y el trabajo
conjunto entre sociedad y Gobierno, como principio sustantivo de desarrollo
armonioso de cara a la construcción de sociedades justas.
En
Chiapas, desde el respeto de las autonomías y teniendo como abrevadero común el
anhelo de crecimiento y paz social, los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial junto a la ciudadanía construyen un Chiapas estable, responsable y
transparente.
Noticias/Diario
Tribuna Chiapas/2019
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