Amenaza golpista
Víctor Flores Olea
Ciudad de
México, 04 NOV.-Parecer
que entramos a un terreno sumamente grave. En todo caso no habitual en el
lenguaje político en México; en La Jornada del último sábado se describe el
hecho con las siguientes palabras: “El 22 de octubre, durante un desayuno con
altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, y en presencia del general
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el divisionario
Carlos Demetrio Gaytán Ochoa cuestionó las “decisiones estratégicas” del
comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador y atribuyó a la jerarquía castrense “la muy alta
responsabilidad de mantener cohesionado al país, coadyuvar a su pacificación a
la brevedad posible y de hacerlo todo con el menor costo social y la mayor
eficacia”.
Ante medio millar de generales de
división, de brigada, brigadieres y de otros militares en funciones y en
situación de retiro, reunidos en el salón República del Estadio de la Unidad
Habitacional Militar de Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, Gaytán Ochoa
utilizó un lenguaje genérico y, sin mencionar ningún hecho concreto y asumiendo
que todos los presentes compartían sus preocupaciones, dijo: “Nos sentimos
agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.
A continuación, con una narrativa que
escapa al principio de neutralidad política y a la disciplina jerárquica
aconsejable a un profesional de la violencia −en tanto integrante de uno de los
órganos coercitivos por excelencia del Estado: el Ejército y la Fuerza Aérea−,
Gaytán Ochoa añadió que “en la actualidad vivimos en una sociedad polarizada
políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta
en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran
resentimiento”.
Sin mencionar en ningún momento por su
nombre al presidente López Obrador, ni tampoco su condición de mando supremo de
las fuerzas armadas, adujo que pese a la legalidad y legitimidad de su
investidura como titular del Ejecutivo, “los frágiles mecanismos de contrapeso
existentes” le han permitido (a AMLO) un “fortalecimiento” que viene
propiciando “decisiones estratégicas” que “no han convencido a todos, para
decirlo con suavidad”. Agregó que esas decisiones del jefe del Ejecutivo “nos
inquietan”, “nos ofenden”, pero sobre todo “nos preocupan”, toda vez que (los
militares) “fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las
formas con que hoy se conduce al país”.
Si bien dijo a sus compañeros de armas
que había tratado de “cuidar” sus palabras y mantenerse dentro de la
“disciplina” a la que como militar está obligado, abogó por soluciones
“drásticas” ante un entorno histórico que “lo que requiere a gritos es
pacificar, educar y mantener sano a México”. Dado que Gaytán Ochoa forma parte
de una institución castrense donde la formación modela para jerarquizar,
homogeneizar y uniformizar; para exterminar al enemigo; para separar a sus
miembros de la sociedad civil y convertirlos en engranajes de una maquinaria
corporativa regida por una cadena de mando donde el objetivo primero es la
obediencia sin cuestionamiento al superior; donde el superior siempre tiene la
razón, nunca se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar (es una obediencia a
la autoridad, no a la ley de la res publica), queda claro qué entiende el
mílite por “pacificar”, “educar” y mantener “sano” (sic) a México.
Palabras extraordinarias e inesperadas de
un alto jefe del ejército mexicano que invoca la necesidad de un golpe de
Estado para corregir las ¨fallas” del gobierno de López Obrador, con el que no
estaría de acuerdo un número indeterminado de miembros del ejército en sus
mandos superiores. En cualquier lugar del mundo esta grave indisciplina sería
merecedora del más alto castigo posible para la jerarquía castrense. Pero en
México ¿qué ocurrirá?.
Un buen numero de políticos relevantes
-Monreal, Mancera, Mario Delgado, por ejemplo- expresaron su firme repudió a
las palabras del general Gaytán Ochoa y coincidieron en su gran mayoría en
afirmar que está totalmente fuera de foco invocar en México un golpe de Estado,
y recordaron que el ejército mexicano ha sido siempre leal y atento a los
valores del Estado de Derecho. Por eso rechazaron indignados las amenazas
surgidas de las altas esferas del ejército mexicano.
Por su lado, Andrés Manuel López Obrador
dijo en sus redes sociales que “La transformación que encabezo cuenta con el
respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de
la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país”. Aquí -aseveró
el mandatario- “no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos,
los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el
genocidio ni para canallas que lo imploren”.
Desde su jardín, donde pasa este fin de
semana, el Presidente difundió también una fotografía en la que se ve su mano
tomando una flor de bugambilia. Anexo a la imagen, colocó el siguiente mensaje:
“¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la
felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la
Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una
base social que lo protegiera y lo respaldara. Ahora es distinto. Aunque son
otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la
transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y
consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro
golpe de Estado en nuestro país”. Por cierto -afirmó también- a esos
diseñadores del golpismo les recomiendo leer la fábula de Esopo “Las ranas que
pedían un rey”.
Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
Destacan acciones para el
impulso a la economía local en Tuxtla Gutiérrez
*Se fomenta la competitividad, la generación de
empresas, la comercialización y el apoyo al emprendimiento.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 04
NOV.-El secretario
de Economía Municipal, David Zamora Rincón, destacó durante el homenaje de este
lunes, los avances que la dependencia a su cargo ha realizado para impulsar la
economía en el municipio, fomentando en los pequeños empresarios la
competitividad, así como promoviendo e impulsando la generación de empresas e
iniciativas de ciudadanos emprendedores.
En
este sentido, Zamora Rincón apuntó que se han brindado campañas de detección de
tuberculosis de ganado bovino, en el cual se ha beneficiado a cerca de 90
pequeños ganaderos, cuidando la salud animal y humana, ya que estás
enfermedades son transmitidas al humano por la ingesta de carne o leche
proveniente de animales con este padecimiento.
Así
mismo en temas de cultivos compartió que el pasado 13 de septiembre se
envió el primer embarque de limón persa de un pequeño productor del Jobo a los
Estados Unidos, a la fecha se han realizado tres embarques y se encuentran a la
espera de la confirmación donde productores de San José Terán estarán
involucrados.
Como
parte de estas estrategias se abrió la tienda social el punto tuxtleco, ubicado
en la Calzada de las Personas Ilustres, en donde diversos pequeños
empresarios dan a conocer sus productos, y quienes anteriormente recibieron
cursos para fortalecer sus procesos de producción y mejorar la competitividad.
Finalmente
dio a conocer el acuerdo de entendimiento que se estableció entre el
Ayuntamiento encabezado por Carlos Morales Vázquez y la Organización
Internacional del Trabajo para generar un diagnóstico de la situación de
trabajo infantil; colocando a Tuxtla Gutiérrez como el primer municipio en
México, América Latina y el Caribe en suscribirlo, lo que ha hecho que en
próximas fechas se expongan las tareas a realizar para atender este
fenómeno social ante diversas delegaciones municipales de México.Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
Desalojo de caseta en
Huimanguillo, Tabasco, deja un muerto y nueve detenidos
Armando Guzmán
Villahermosa, Tab., 04 NOV
(apro).-Un muerto y al
menos nueve detenidos fue el saldo de un operativo policiaco que desalojó a
balazos a un grupo de hombres y mujeres que, con palos y machetes, tomaron la
caseta de peaje “Malpasito” para cobrar cuotas en la carretera federal Tuxtla
Gutiérrez (Chiapas)-Las Choapas (Veracruz), en el tramo de Huimanguillo, Tabasco.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de
octubre, pero por las festividades del día de muertos y el hermetismo de los
gobiernos de Tabasco y Chiapas, no se tenía certeza sobre el número de
víctimas.
Este lunes, el gobernador Adán Augusto
López Hernández se refirió al hecho e informó que el operativo fue una acción
coordinada de policías federales y estatales de Tabasco y Chiapas, con el aval
del gobierno de Veracruz, y el saldo –dijo– fue de un muerto “en la reyerta”,
así como “dos o tres detenidos” del lado de Chiapas y “cinco o seis” de parte
de Tabasco.
Para el mandatario morenista, “lo
importante es que se respete el estado de derecho y se restablezca el orden
público”, pues no se puede, “con cualquier pretexto, estar bloqueando caminos,
tomando casetas y afectando a la ciudadanía”.
Añadió: “Es nuestra obligación que haya
respeto al estado de derecho; respetamos la libertad de expresión y de
manifestación, pero tiene un límite, y el límite es que no se afecte a
terceros. Aquí en Tabasco, vengan de donde vengan, tienen que respetar el
estado de derecho”.
Por su lado, la Fiscalía del estado de
Chiapas informó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas –cuñado del
gobernador Adán Augusto– refrendó “su absoluto apoyo a la Mesa de Seguridad del
estado de Tabasco que llevó a cabo un operativo para desalojar a un grupo de
delincuentes en la caseta de cobro número 181, denominada Malpasito, ubicada en
el municipio de Huimanguillo, Tabasco”.
Esa fiscalía, explicó, coordina una
fuerza de seguridad junto con la de Tabasco, la Fiscalía General de la
República, la Guardia Nacional y la Policía Federal, “para garantizar los
derechos y libertades en esa importante vía de comunicación que une la entidad
con Tabasco y Veracruz”, y no permitir “que grupos de manifestantes violentos
sigan delinquiendo en esa región”.
Con palos y machetes, y algunos
encapuchados, alrededor de 30 hombres y mujeres tomaron la caseta de peaje y
durante varias horas cobraron cuotas de entre 200, 300 y 500 pesos a choferes
de automóviles y camiones para que continuaran su recorrido.
Usuarios de la vía denunciaron el hecho y
se realizó el operativo de desalojo.
Un video que circula en redes sociales muestra el
momento en el que la policía, con armas largas, dispara ráfagas de balas y mata
a un hombre que les hacía frente, junto con otros individuos armados con
machetes y palos.
Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
Distinguen a chiapaneco
egresado de la UNACH con la medalla “Alfonso Caso”
*La presea es otorgada por la UNAM a las mejores tesis
de posgrado
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 04
NOV.-Las oportunidades
existen para todos y también la voluntad para lograr nuestras metas, aseveró el
egresado y docente de la Facultad de Arquitectura y actual director General del
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Enoc
Gordillo Argüello, al presentarle al rector de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa la medalla "Alfonso Caso",
otorgada por la UNAM a las mejores tesis de nivel posgrado.
Para
hacerse acreedor a este premio, el trabajo doctoral Políticas Públicas y
Localización Urbana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: alternativas de crecimiento
de equipamientos de salud a nivel
regional Tuxtla Gutiérrez - Berriozábal 2001 – 2024, cumplió con las exigencias
académicas y administrativas que aseguran la calidad de dicho proyecto.
Tuvo
además el aval de los cinco sinodales que intervinieron para la obtención de
una mención honorífica por parte del estudiante, así como el haber cubierto con
una asistencia perfecta, no contar con ninguna deuda en el tema administrativo,
entre otras.
Durante
su visita a las instalaciones de rectoría, Enoc Gordillo Argüello, comentó que
se siente muy agradecido con la institución, no solamente por el apoyo que la
UNACH le dio durante su formación como doctor, sino también por el soporte
académico y de calidad con el cual se formó durante sus estudios.
Acompañado
de su esposa, también egresada de la institución, Maritza Campos, explicó que
esté es un logro que comparte no solamente para su familia, sino con todas las
personas que lo han impulsado a continuar con su formación y que le han dado
palabras de aliento durante la misma.
En este
sentido, el rector Carlos F. Natarén Nandayapa aseguró que este es un logro que
enorgullece a la comunidad universitaria y nos deja ver qué de entre cientos de
estudiantes de nivel posgrado que se forman en la Máxima Casa de Estudios de
México, un chiapaneco es quien obtiene el reconocimiento a un trabajo bien
hecho.
Indicó también que este es un claro
ejemplo de como la UNACH busca formar a sus alumnos, buscando crear en ellos un
orgullo por ser chiapanecos, con las herramientas necesarias para destacar en
el ámbito profesional y con el compromiso social que les permita dar un nuevo
sentido al lema universitario, Por la conciencia de la necesidad de servir.
Enoc
Gordillo Argüello es Arquitecto de profesión, Maestro en Evaluación
Socioeconómica de Proyectos de Inversión y Doctor en Urbanismo; ha laborado en
la administración pública estatal, ocupando diversos cargos; actualmente es
docente de la Facultad de Arquitectura y es catedrático a nivel Posgrado en la
Universidad Mesoamericana e Instituto de Estudios Universitarios;
adicionalmente desarrolla proyectos y consultorías en temas arquitectónicos y
urbanos, planeación regional y de factibilidad de proyectos de inversión.
Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
“Cobardía inadmisible”
exponer a mi hijo; no lo utilice para esconder su fracaso: Calderón y Zavala a
AMLO
*AMLO miente; cuentas promotoras del linchamiento a
medios son afines a Morena
Ciudad de México, 04 NOV.-El expresidente Felipe Calderón y su
esposa, Margarita Zavala, reaccionaron ante la revelación que hizo esta mañana
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la investigación de
los ataques a la prensa que se hicieron virales el jueves pasado y en los que
presuntamente estaría involucrado su hijo, Luis Felipe Calderón Zavala.
Ambos respondieron a través de sus
cuentas de Twitter. Calderón acusó que López Obrador utiliza el poder del
Estado para deslizar una mentira sobre su hijo, exponiéndolo, lo que calificó
como “una cobardía inadmisible” y le pidió “distraer” a la opinión pública de
sus fracasos de otra manera.
Y desde
la cuenta “Tumbaburros” que se asume como una cuenta de sátira política y cuya
creación se ha atribuido al hijo de la pareja Calderón Zavala, lo que fue desmentido
por el propio usuario, se publicaron dos tuis en alusión a las revelaciones
hechas esta mañana en la conferencia de prensa presidencial en los que el
usuario se burla de López Obrador y lo responsabiliza de lo que le pueda pasar
a él y a su familia.
Y es que, en el análisis presentado en la
conferencia por Alejandro Mendoza Álvarez de la Unidad de Información y
Vinculación Tecnológica de la SSPC, se reveló la identidad del usuario.
“Del análisis de redes de vínculos, se
encontró que las granjas de bots asociadas al ataque y propagación de un
sentimiento negativo hacia el actual gobierno federal, se identificó la cuenta
“moher bot” asociada a la cuenta #TumbaBurros, cuya identidad corresponde a
Jeff Scott Szeszco, a través de la cual se identifica importante actividad
“child bot” de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón
Zavala”, se lee en el informe.
AMLO miente; cuentas
promotoras del linchamiento a medios son afines a Morena
De acuerdo a la “investigación” que presentó esta mañana
el presidente Andrés Manuel López Obrador con ayuda de Alejandro Mendoza
Álvarez, titular de la Unidad de Información, de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, las cuentas afines a su gobierno son las
principales promotoras de linchamiento a medios, pero no lo dicen.
Al momento de presentar las diapositivas
sobre su análisis, se saltan una donde muestra que la
cuentas @FaridGonzalez2, @verolist, @mariahvv84 (quien ya borró su cuenta)
y @DRFRANCISCORH_7, afines a Morena, fueron las que lograron producir un
gran impacto para que se volvieran tendencia los hashtags contra la
prensa.
Sin embargo, al final culparon a la
cuenta @tumbaburross, cuya identidad corresponde a Jeff Scott
Szeszko, a través de la cual supuestamente identificó importante actividad
“child bot” de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks, Luis
Calderón Zavala.
Varios usuarios y periodistas en Twitter, han expuesto dicho estudio el cual resultó ser
una mentira más de AMLO;
entre ellos, la periodista de ADN40, Stephanie Ochoa publicó un hilo donde
explicó que del total de quienes se sumaron a los
hashtags #PrensaSicaria #PrensaProstituida #PrensaCorrupta , más de 7 mil 200 son bots… pero la
Presidencia omitió que los principales, son afines a Morena. Con información de (apro)
y La Otra OpiniónNoticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
Culminan festividades de
días de muertos sin mayores incidencias en Tuxtla Gutiérrez
*Coordinación entre los tres órdenes de gobierno
permitió saldo positivo
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 04
NOV.-Sin mayores
incidencias culminaron las festividades de Todos los Santos en la capital
chiapaneca, así lo dio a conocer Elizabeth Hernández Borges, Secretaria de
Protección Civil Municipal, quien reportó que los panteones de la ciudad,
recibieron cerca de 90 mil visitantes en las recientes festividades del Día de
Muertos, dando como resultado un saldo blanco, producto de una coordinación
entre los tres órdenes de gobierno.
El
operativo que tuvo lugar los días 1,2 y 3 de noviembre, consistió en cierres
viales, revisión de establecimientos aledaños a los camposantos, por parte de
Secretaría de Salud, de igual forma se realizaron actividades de promoción a la
salud para evitar la reproducción del dengue, concientizando a la población en
el uso de arena en lugar de agua.
También
se realizó recorridos con brigadas por parte de la secretaría de Servicios
Municipales para convocar a que la ciudadanía colocara la basura en los lugares
destinados para ello, además que de manera constante se realizaron actividades
de limpieza.
Hernández
Borges, puntualizó que la afluencia total en los panteones tanto municipales
como ejidales fue de 89 mil 600 personas que se sumaron a los 99 mil de la afluencia
que se tuvo en sitios emblemáticos como el Parque de la Marimba, Calzada de las
Personas Ilustres.
En
el mismo sentido, informó que se contó con una fuerza de tarea de 674 elementos
de los tres órdenes de gobierno, Cruz Roja y grupos voluntarios, entre las
incidencias dijo, existieron faltas administrativas, atendidos por la
Secretaría de Seguridad Pública, al tiempo de destacar el apoyo del DIF en los
puestos de mando.
Finalmente
agradeció la participación interinstitucional, el cual permitió contar con un
saldo positivo.Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
La Corte Penal
Internacional y el caso de los periodistas asesinados en México
Bruselas, 04 NOV (apro).-Con argumentos legales que, al menos en
otro caso, ya fueron descartados por la Corte Penal Internacional (CPI), la
organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó a ese tribunal
basado en La Haya, Holanda, que intervenga en México para investigar los
asesinatos de periodistas cometidos en los sexenios de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto y que no han sido esclarecidos.
El
pasado 23 de septiembre, RSF informó en un comunicado de prensa que su
secretario general, Christophe Deloire, se había reunido el 12 de marzo con el
subsecretario mexicano de derechos humanos, Alejandro Encinas, para informarle
que ese organismo defensor de la libertad de expresión e información había
acudido a la CPI “para que interviniera en el país por los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018”.
El
documento legal (“comunicación” en el argot de la CPI), que RSF entregó un día
antes de su encuentro con Encinas y que fue elaborado en equipo con la ONG
mexicana Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, contempla 102
casos de asesinato y 14 desapariciones forzadas de periodistas mexicanos.
Aunque ya habían advertido a principios
de marzo que interpondrían una acción legal ante la CPI, su entrega formal sólo
fue anunciada públicamente, y el documento compartido, hasta seis meses
después.
RSF y su aliado explicaron que así lo
habían decidido “para reiterar nuestro llamado al gobierno mexicano de cumplir
con sus obligaciones de prevención, respeto y garantía, así como hacer uso de
todos los recursos que disponen las autoridades para investigar de manera
eficaz los crímenes cometidos contra periodistas”.
El 20 de septiembre, es decir tres días
antes de que RSF confirmara su acusación, se habían reunido en La Haya
representantes de esa organización gremial, la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) con Emeric Rogier, jefe de la Sección de Análisis de
Situaciones de la Oficina de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
El comunicado de RSF explica que en esa
reunión las organizaciones “exhortaron” a la fiscalía a que solicite la
apertura de una investigación en México y “colabore con urgencia en la lucha
contra la impunidad” que rodea los crímenes de periodistas en el país.
Pero también preguntaron a Rogier cómo
avanzaba el “examen preliminar” de la comunicación de RSF, así como de aquellas
que ha presentado la FIDH en alianza con la CMDPDH (casos en Baja California,
Chihuahua y Coahuila). Cabe precisar que el “examen preliminar” es la fase en
que la fiscalía de la CPI debe evaluar si la situación en México cumple con los
criterios jurídicos estipulados en el Estatuto de Roma para iniciar, “si existe
una base razonable”, una investigación ya en forma.
En su boletín de prensa, RSF guarda
silencio sobre lo que respondió Rogier. Para saberlo, este columnista intentó
comunicarse con Paul Coppin, jefe del área jurídica de la organización en París
y quien aparece como el único representante de RSF que asistió a aquella
reunión.
Pero Coppin no ha respondido al correo
electrónico enviado el 17 de octubre ni a la llamada telefónica realizada la
misma fecha. Tampoco devolvió la comunicación por correo Emmanuel Colombié, el
director para América Latina, con sede en Brasil, a quien se le escribió el 29
de octubre.
La FIDH prefirió no dar información al
respecto. La fiscalía de la CPI, por su parte, no está facultada a proporcionar
detalles en torno a la evaluación de las comunicaciones a actores externos a
las partes.
Quien sí respondió fue la CMDPDH a través de su
directora de incidencia, Olga Guzmán Vergara, presente en aquel encuentro en la
sede de la CPI.
El funcionario Rogier, comentó la activista,
declaró que la fiscalía sigue analizando ésas y otras comunicaciones sobre
México, algunas de ellas entregadas recientemente.
Además, Rogier reiteró que “siguen de
cerca” el caso mexicano y que “pronto darán una respuesta si será posible o no
abrir una investigación”, una referencia ambigua que, en los tiempos que maneja
la CPI, podría ser el año en curso o en 2020, pero en todo caso antes de que
termine el mandato de la fiscal Bensouda en junio de 2021, espera Guzmán.
En ausencia de un planteamiento nuevo
expresado por Rogier, todo parece apuntar a que la causa de RSF por obtener
justicia para los periodistas mexicanos asesinados o desaparecidos se topará
con un muro muy difícil de franquear en la CPI.
Ese ha sido el destino de al menos una
decena más de comunicaciones que se conocen porque las han hecho públicas las
partes “demandantes” (la CPI no lo puede hacer) y que involucran acusaciones
contra los presidentes Calderón y Peña Nieto y funcionarios de alto nivel, así
como el narcotraficante preso en Estados Unidos Joaquín El Chapo Guzmán.
La primera de ellas fue presentada en
noviembre de 2011 por el abogado Netzaí Sandoval —hermano de la actual
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval—, que acusó al
entonces presidente Calderón de más 400 casos de presuntos crímenes de guerra y
lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad y el ejército en su
cruzada contra el narcotráfico.
Visto desde afuera, hay dos razones para
pensar que el expediente mexicano de RSF afrontará el mismo desenlace en lo
inmediato.
La primera, de ámbito político, es que al
parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya descartó dar su apoyo a
una implicación de la CPI en el país, tal como se lo “recomendó” en su
comunicación RSF, que pidió al presidente “remitir la situación” al tribunal de
La Haya para que éste “colabore en poner fin a la impunidad” de los crímenes
contra periodistas.
De hecho, dos días antes de que iniciara
el actual gobierno el 1 de diciembre pasado, seis organizaciones que han
entregado comunicaciones a la CPI “celebraron” las declaraciones de López
Obrador en el sentido de que remitiría a ese tribunal los crímenes atroces
ocurridos en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en una discreta visita que
realizó a la CPI el pasado 12 de septiembre, la subsecretaria de Asuntos
multilaterales y derechos humanos de AMLO, Martha Delgado, declaró escuetamente
a la agencia española EFE que el gobierno permitiría la visita de
investigadores de la CPI si así lo solicitaran; pero acotó —anulando en la
práctica la utilidad de tal ofrecimiento— que “hay instituciones suficientes
hoy por hoy para que los casos se procesen de manera adecuada en México”.
Según el conteo de la organización
Artículo 19, durante el corto gobierno de AMLO han sido asesinados 12
periodistas, quienes no están comprendidos en la acusación de RSF.
El Estatuto de Roma, que en México entró
en vigor en enero de 2006, establece en su artículo primero que la CPI se rige
por el principio de “complementaridad”, lo cual significa que las
jurisdicciones penales nacionales de los Estados signatarios, en este caso los
tribunales mexicanos, tienen primacía formal para resolver las acusaciones de
posibles crímenes de guerra y contra la humanidad.
La segunda dificultad tiene que ver con
la argumentación jurídica que desarrolla la denuncia de RSF, que se asemeja a
otra que la fiscalía de la CPI desechó unos hace años.
En una carta fechada el 22 de octubre de
2015, la fiscalía comunicó que había decidido no abrir un examen preliminar en
el caso de presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del
Estado en Baja California durante la administración de Felipe Calderón, y que
fueron denunciados en una comunicación común por la FIDH, la CMDPDH y la
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste en septiembre de 2014.
La explicación legal de esas ONG,
contenido en un documento de 25 páginas y que refiere 30 casos con 95 víctimas
de presuntos crímenes de lesa humanidad, está resumida en el primer párrafo de
sus conclusiones.
Aseguran que la información de su
documento, que incluye jurisprudencia de otros litigios juzgados por la corte,
ofrece “una base razonable” para creer que en Baja California “se han cometido
crímenes de asesinato, tortura y privación grave de la libertad, como parte de
un ataque sistemático, y muy probablemente generalizado, contra la población
civil”.
Lo anterior, señalan, “como parte de una
estrategia de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado” “con el fin de
mostrar resultados para asegurarse la legitimidad de la política de seguridad y
la `guerra´ contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
Firmada por M.P. Dillon, la mencionada
carta de la oficina de la fiscalía —que esta columna hizo pública el 14 de
diciembre de 2017— desmontó ese análisis legal.
En resumen, explica la fiscalía, en el
marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” las violaciones a los
derechos humanos, por más graves que sean, no pueden ser consideradas por la
CPI crímenes de guerra (porque en México, se apunta, no hay tal en términos del
derecho internacional) o de lesa humanidad.
Vale la pena reproducir las partes esenciales del
razonamiento de La Haya:
1) “Muchas presuntas violaciones a los derechos
humanos habrían sido cometidas en un contexto de criminalidad prevalente y en
operaciones de agentes del Estado contra organizaciones del narcotráfico”;
2) “las acusaciones adolecen de falta de claridad y
precisión sobre las circunstancias que rodean los crímenes alegados”;
3) “la debilidad estructural de la administración de
justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado pueden
haber contribuido a las violaciones generalizadas reportadas”.
4) Lo anterior “crea obstáculos adicionales a la
calificación jurídica preliminar de las conductas denunciadas como crímenes de
guerra o de lesa humanidad como están definidas en el Estatuto de Roma”, ya
que, 5) “las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente
constituyen crímenes de competencia de la corte”, que son aquellos “cometidos
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”,
o “haber sido cometidos en el contexto de un conflicto armado” (una guerra
formal).
Dillon anunció a la FIDH que, por dichos
motivos, la fiscal Bensouda concluyó que sus alegaciones “no parecen estar
comprendidas en la competencia material de la corte y, en consecuencia, ha
determinado que no existe fundamento jurídico en este momento para avanzar en
el análisis”.
Aunque la cuestión del asesinato de
periodistas tiene una dinámica y características particulares, la propia
comunicación de RSF la enmarca igualmente con el trasfondo de “la guerra contra
las drogas”.
En su alegato jurídico, que consta de 37
hojas, RSF expone que “cree” que los crímenes de periodistas “fueron realizados
principalmente con el consentimiento o conocimiento del gobierno mexicano,
incluso perpetrados por las mismas autoridades, como parte de una política que
contemplaba cometer estas acciones para hacer callar las voces críticas”.
Sostiene que tales actos recaen en la
jurisdicción de la CPI “porque son parte de un ataque sistemático y
generalizado contra la población civil” (los periodistas) que “el gobierno
mexicano no ha tenido la voluntad ni la capacidad de investigar y castigar”.
La fiscalía de la CPI cierra su carta de
2015, sobre el tema de Baja California, con un mensaje muy duro, incluso si lo
quiere envolver en un lenguaje diplomático: “los alentamos —se lee— a que sigan
planteando sus preocupaciones a las autoridades nacionales competentes, o que
presenten la información relevante ante organizaciones internacionales y
regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o con los
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas”.
No, con esos planteamientos, a la CPI.Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
CNPA-MN llama a AMLO a
reconsiderar su política gubernamental, ha ponderado asistencialismo no así la
inversión a producción nacional
Ciudad de México, 04 NOV.-La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional le hizo un llamado al Presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, a que reconsidere su política
gubernamental, pues ha ponderado el asistencialismo por encima de la inversión
para la producción nacional.
Asimismo
“hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno a generar mecanismos de
diálogo para atender y resolver las 22 demandas que planteamos, asimismo, a los
diferentes grupos parlamentarios tengan a bien escuchar y ser sensibles ante
nuestros justos reclamos en diversos temas, incluyendo el drástico recorte
presupuestal a los sectores más desfavorecidos”, precisó el Vocero de la
CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia.
Ante
ello, anunció que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional
(CNPA MN) inicia una jornada de movilización ante diversas instancias de
representación del Estado mexicano, así como de gobierno estatales para exigir
solución a nuestras demandas políticas y sociales que no han sido resueltas.
“Hoy estamos participando en el foro Nacional sobre Presupuesto Indígena con la
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados”.
Entre
las demandas destaca la reingeniería de la política pública para el desarrollo
del campo, impulsando la autosuficiencia alimentaria como base para nuestra
soberanía nacional. “Contra de la disminución del presupuesto para el campo y
sobre todo en los sectores más vulnerables, como es el indígena y pequeños y
medianos productores”, puntualizó.
Exigimos,
expuso el Vocero de CNPA-MN, a la Fiscalía General de la República atraer los
casos por desaparición, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo (estaba
incorporado al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas) y José Santiago Gómez Álvarez, así como el caso San Miguel Cajonos
por la desaparición de Álvaro Reyes y Federico Cruz.
La
libertad de los presos políticos del país, entre ellos: Javier Izúcar Lino,
María Ana Ochoa, Asunción Gómez Sánchez, Javier González Díaz, Armando
Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Anivar Gómez Vázquez.
La
presentación con vida de los desaparecidos, entre ellos: Álvaro Bernardo Reyes
Cruz y Federico Cruz Morales de San Miguel Cajonos, Villa Alta, Oaxaca, Arnulfo
Cerón Soriano, los 43 normalistas de Ayotzinapa y miles de desaparecidos más.
Justicia y verdad para nuestras
compañeras y compañeros asesinados, tales como: Esther Pacheco Orozco, Meztli
Omexóchitl Sarabia Reyna, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez,
Armando Montejo López, Celestino Montejo Díaz, Frumencio Solís Cruz, Habath
Sánchez, Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspar Rodríguez, Antonio Vivar Díaz,
José Ginés Cruz.
Demandamos
la cancelación de las concesiones mineras y megaproyectos que se quieren
imponer sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades
indígenas. Principalmente la cancelación de las concesiones mineras a grupo
México ante la contaminación y ecocidio que ha generado.
Cumplimiento
cabal por parte del gobierno del estado de Chiapas de las recomendaciones
064/2011 y 11/2013 emitidas por la CNDH por detención ilegal de 25 compañeros.
Así como
acatar y cumplir por parte del gobierno del estado de Puebla las
recomendaciones 54/2016 y 81/2018 emitidas por la CNDH por violencia obstétrica
contra compañeras en el hospital regional de Cuetzalan del Progreso, Puebla.
Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
SSyPC combate el abigeato
en municipios de la Región Istmo-Costa
*Agrupamiento de Caballería de la Policía Estatal
Preventiva realiza acciones para prevenir el robo de ganado
Tonalá, Chis., 04 NOV.-La Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), que dirige la comisaria general, Gabriela Zepeda Soto,
implementó un operativo de seguridad y vigilancia con la finalidad de disuadir
y erradicar el delito de abigeato.
Con la intervención del Agrupamiento de
Caballería se realizaron recorridos de vigilancia en caminos de extravío,
rancherías, ejidos y colonias de la Región Istmo-costa.
Estas acciones preventivas operativas se
han desarrollado principalmente en Tonalá y Pijijiapan, municipios donde se
trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para combatir el
robo de ganado, así como la transportación de carne y animales sin el permiso y
guía correspondiente.
De igual forma, se fomenta la cultura de
la denuncia a través del número de emergencia 9-1-1 o 089 para denuncia
anónima, lo que permitirá, con la participación ciudadana, la erradicación del
abigeato y la prevención de los hechos delictuosos relacionados.
Cabe destacar que estas estrategias
implementadas que comprenden patrullajes de seguridad y vigilancia también
incluyen los trabajos de orientación e información a los ganaderos con el fin
de que cuenten con la documentación correspondiente para transportar
semovientes y sus derivados, lo que permitirá mayor control y combatir
eficientemente el robo.
Noticias/Diario Tribuna
Chiapas/2019
