GOBIERNO DE AMLO VA CONTRA CREADORES DE "CAMPAÑA NEGRA" EN
ELECCIÓN DE 2018
- por NOTIMEX
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno
presentará una denuncia por la "propaganda negra" del documental
"Populismo en América Latina", implementado en el proceso electoral
de 2018.
Indicó que el objetivo es que en este sexenio “quede establecida de
verdad, la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos”, y por ello
“se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos. Se
termina el fraude electoral, esa es la decisión", como un logro de la
Cuarta Transformación
“Nunca más un fraude (electoral) de los que se ha padecido
históricamente”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina,
donde explicó que con la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, los
“mapaches electorales”, que tenían el apoyo del gobierno y de la policía, irán
la cárcel sin derecho a fianza, como sucederá con quienes roben combustibles.
El Ejecutivo federal abundó que esta acción tiene como propósito dejar
constancia de lo sucedido en la pasada elección y sobre todo exponer con
claridad que con la nueva legislación aprobada, el fraude electoral ya es
delito grave.
“La verdad es que ni siquiera es porque se trata de un agravio a
nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo que ilustra hacia adelante,
pero no es el propósito para nada, vengarnos”, expuso López Obrador, quien
estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de
Seguridad; Alfonso Durazo; de la Defensa, Luis Cresencio, y otros funcionarios.
Refirió que invitó a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a dar detalles de la
denuncia, porque está iniciando el funcionamiento de la Fiscalía Electoral que
estará encabezada por José Agustín Pinchetti, a quien calificó como un hombre
recto que actuará con independencia.
Así como para hacerle un reconocimiento al propio Nieto Castillo, quien
fue cesado por haber hecho una denuncia cuando fungió como fiscal electoral,
"entonces es una reinvindicación pública”.
López Obrador explicó que hay un principio en derecho en donde no se
puede aplicar de forma retroactiva la ley; “no podría aplicarse la reforma de
manera retroactiva”, y en ese sentido invitó a los ciudadanos y
funcionarios a respetar la legalidad, apostar por la democracia, a actuar con
honestidad.
Señaló que aún existen prácticas de corrupción al interior del gobierno y
“esto viene de tiempo atrás, casi se podría decir que el neoliberalismo es
sinónimo de robo, de corrupción. El gobierno se contaminó por completo de
prácticas de corrupción", por lo que se está limpiando aunque
tomará tiempo.
Precisó que en este esfuerzo, primero debe existir voluntad política y
que no se tolere desde la Presidencia de la República ningún acto de
corrupción, además de contar con el marco legal que permita sancionar estas
conductas.
A su vez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que la denuncia
contra dos empresas, por haber difundido propaganda negra en la pasada campaña
electoral, se presentará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los
Delitos Electorales (FEPADE) y se dará vista al Instituto Nacional Electoral
(INE).
NO HAY SABANDIJAS EN MORENA: MONREAL A POLEVNSKY
El coordinador de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal rechazó que ese partido esté lleno de
“sabandijas” Y “chapulines” como acusó la dirigente, Yeidkol Polevnsky y
pidió respetar a la fauna animal pues reviró que al interior de ese instituto
político solo hay personas íntegras y respetables.
--¿No hay sabandijas?
--No, por supuesto que
no. Son hombres íntegros y a toda la fauna animal hay que respetarla. Yo soy
ecologista.
En la víspera,
Polevnsky, dirigente nacional de Morena, alertó contra “sabandijas” y
“chapulines” que se han infiltrado en su partido “de manera mezquina y
perversa” para apoderarse de él en épocas electorales.
Sin mencionar nombres,
advirtió que estos personajes están desatados porque piensan que el partido
tiene mucho dinero, ven el poder y se dedican a vender candidaturas.
Sin embargo, Monreal
negó que haya ese tipo de “fauna” al interior de Morena y de nueva cuenta pidió
que “Dios ilumine” a Yeidkol Polevsky.
“Tengo mucho respeto
por la fauna, incluyendo aquellas especies en extinción. Entonces, no me meto
(con Yeidkol) , le expreso mi respeto y que de nueva cuenta Dios la ilumine”,
estableció
Monreal consideró que
en Morena solo hay ciudadanos respetables que se esfuerzan por construir
un país distinto, hombres y mujeres con lucidez y que están deseosos de que
esta Cuarta Transformación tenga éxito.
“Conozco a todos los
militantes de Morena, casi a todos y a todos los simpatizantes y son hombre y
mujeres respetables”, recalcó
Por otra parte, Monreal
anunció que será la próxima semana cuando el Senado aborde la discusión y
eventual aprobación del dictamen para nombrar a los integrantes de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y del INAI.
Reconoció que hay
inquietud de parte de la oposición por los perfiles de los aspirantes a la CRE,
por lo cual consideró que se analizará ese tema en especial.
APRUEBAN REVOCACIÓN DE MANDATO Y OPOSICIÓN LLAMA A "NO
REELECCIÓN"
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- por NOTIMEX
La Cámara de
Diputados avaló con 328 votos en favor, 153 en contra y dos abstenciones el
dictamen para que el Presidente de la República pueda someterse a una consulta
de revocación de mandato.
La aprobación, con
mayoría calificada, se dio en medio de un intercambio de señalamentos y
pancartas con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección“ entre Morena y la
oposición.
Durante el debate los
legisladores de Morena exhibieron la figura del Presidente de la República para
contrarrestar a los opositores del PAN y PRI, quienes subieron previamente a
fijar postura arropados por sus compañeros y mostrando pancartas.
La oposición acusó que
se estaba avalando una reforma que podría abrir la puerta a la reelección y que
Morena quiere hacer historia como Venezuela y Bolivia. Morena y sus aliados les
pidieron no temer ir a las urnas en 2021.
Al fundamentar el
dictamen Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, expresó que la consulta
popular con carácter revocatorio será la herramienta del pueblo para evaluar y,
en su caso, cambiar a gobernantes, aquellos que desde el poder del Estado no
cumplieron con su mandato constitucional.
La consulta popular y
la revocación de mandato tiene la finalidad de inhibir la tendencia abusiva,
unilateral o arbitraria de quien ejerce el poder público. “Estos instrumentos
son propios de democracias modernas en las que se contempla a la democracia
representativa con instrumentos de participación ciudadana”, dijo.
Sergio Carlos
Gutiérrez, de Morena, acusó a la oposición de tener miedo con el argumentó que
Morena sería beneficiada en la elección intermedia si también se somete a
consideración de los ciudadanos la revocación del mandato del Presidente, pero
“es un argumento falso, que no se sostiene”.
Adelantó presentarían
una reserva para bajar el umbral de participación para hacer válida la consulta
popular, y advirtió que en el tema de la revocación del mandato apoyan la
premisa que ha sostenido el Presidente de la República: “el pueblo pone y el
pueblo quita y no tenemos miedo”.
María Muñoz, del PRI,
criticó el dictamen al considerar que Morena está dando a México un instrumento
para una ratificación de mandato y no una revocación, lo que es problema
conceptual porque están confundiendo una consulta con una elección.
Arropada con la figura
del expresidente Francisco I. Madero y la leyenda “Sufragio efectivo, no
reelección" que exhibieron sus correligionarios encabezados por su
coordinador René Juárez, dijo que el PRI está en favor de la revocación de
mandato siempre y cuando sea convocada por los ciudadanos.
"No caigamos en
simulaciones disfrazadas de democracia participativa", demandó y planteó
que de aprobarse la reforma debería entrar en vigor a partir de 2024 y
aplicarse al Presidente que resulte electo a partir de ese año.
Hector Yunes, del PRI,
sostuvo que esta reforma no trata de abrir canales de participación a la sociedad,
sino de pervertir a la democracia, institucionalizar el culto a la personalidad
y perpetuar a una persona en el mando de la nación.
El Partido Acción
Nacional (PAN), a través de su legislador Marcos Aguilar, indicó que su bancada
propondría reducir hasta 0.13 por ciento el porcentaje de los inscritos en la
Lista Nominal de electores que se requieren para solicitar que se convoque a
una consulta popular.
Desde la máxima
tribuna, y acompañado por sus correligionarios que exhibieron también pancartas
con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección", advirtió sobre los
términos del dictamen y la necesidad de hacerle modificaciones toda vez que
persisten obstáculos para la realización de las consultas populares.
Propuso que sea la SCJN
quien decida cuándo es vinculante una consulta popular así como decidir un día
específico para su realización, alertó sobre los riesgos de aprobar la figura
de revocación de mandato pronunciándose en contra de la intervención del
Presidente de la República en las elecciones intermedias, y planteó que sea el
INE quien convoque a tal mecanismo.
Por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Monica Bautista Rodríguez señaló que la
revocación de mandato del presidente, como se plantea, es un recurso político
táctico para jalar la votación hacia los candidatos de su partido a puestos de
elección popular.
En medio de pancartas
con la leyenda “Revocación sí, consultas a modo no", el PRD fijó su
postura luego de que presentó una moción suspensiva a fin que el dictamen fuera
llevado a Parlamento Abierto, misma que fue rechazada por Morena y sus aliados.
De la misma manera en
medio de pancartas con la leyenda: "Revocación de mandato, prerrogativa
ciudadana no de gobernantes", la legisladora Adriana Gabriela Medina
Ortíz, de Movimiento Ciudadano, pidió cambiar el dictamen para evitar que el
autoritarismo se enmascare en la democracia.
La consulta popular o
revocación de mandato no deben coincidir con elecciones y el cambio
constitucional propuesto implica una ciega disciplina partidista, apuntó y
advirtió también sobre los posibles excesos del presidente actual con la
aprobación de dichos instrumentos de democracia directa.
Propuso que la fecha
para la revocación del mandato del presidente sea el 1 de diciembre del tercer
año de su periodo, a fin evitar su participación en los procesos electorales en
turno, y advirtió que un mecanismo de democracia directa mal diseñado puede
generar ingobernabilidad.
También de esa bancada
Martha Tagle alertó que eso no es un mecanismo de participación ciudadana ni de
revocación de mandato, sino de ratificación pues lo que se pondría a consulta
es la permanencia del Presidente.
Por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Marco Antonio Gómez Alcantar externó su apoyo al
dictamen en materia de consulta popular y revocación de mandato por constituir
una herramienta para la gobernabilidad y facilitar la consulta pública, toda
vez que se disminuye el porcentaje para que sea vinculante.
Por el Partido del
Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez se pronunció a favor del dictamen
sobre consulta popular y revocación de mandato. Dijo que su partido es un firme
impulsor de la democracia participativa.
Tatiana Clouthier, por
su parte, señaló que con este dictamen sobre revocación de mandato y consulta
popular se amplían los derechos políticos de los mexicanos y no se habla de
reelección como acusan PRI y PAN.
ROSARIO ROBLES
TRIANGULÓ 9.3 MDP A EMPRESA ACUSADA DE “GUERRA SUCIA” CONTRA AMLO
POR MATHIEU
TOURLIERE ,
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga,
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trianguló 9 millones 360 mil pesos
a la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis, S.A. de C.V. que,
según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participó en la “campaña
negra” desatada contra Andrés Manuel López Obrador para impedir su llegada al
poder.
En el sexenio de
Enrique Peña Nieto, dicha empresa recibió además 24 contratos de distintas
dependencias, por un monto total de 70 millones de pesos; tres de ellos, por 29
millones de pesos, le fueron otorgados por la misma oficina del presidente, de
acuerdo con una consulta al portal Compranet.
En su página de
Internet, la empresa enlistó algunos de sus clientes que contrataron sus
servicios de “investigación” y de “consultoría”.
Entre ellos figuran el
PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PVEM, el PT, el Panal y el PRD, así como
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex,
Peñoles, Aleatica (el nuevo nombre de OHL), Cemex, Televisa, Milenio, Radio
Fórmula y Notimex, pero también los gobiernos de Puebla, Coahuila, Sonora,
Durango, Baja California o Chihuahua.
Respecto a los esquemas
de desvíos de la Sedesol, la contratación se realizó “a través de la entonces
directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales adscrita a la Sedesol”, según confesó el representante legal de dicha
empresa al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que
investigó los desvíos multimillonarios operados en las gestiones de Robles.
Dicha funcionaria era
Claudia Morones Sánchez, quien siguió las instrucciones de Emilio Zebadúa
González, Rocío Gómez Bolaños y Ramón Sosamontes Herreramoro, tres personajes
del primer círculo de Robles, quienes laboraron bajo sus órdenes en la Sedesol
y en la Sedatu.
El representante legal
de la empresa dijo que “acudió en varias ocasiones a la Secretaría, y que
contaba con los correos electrónicos de dicha servidora pública”, se puede leer
en el informe de auditoría publicado en enero de 2018.
En esa ocasión, la ASF
investigó sobre el destino de mil 900 millones de pesos que la Sedesol y la
Sedatu dispersaron a 88 empresas –algunas de ellas fantasmas– mediante
convenios de servicios celebrados con tres entes públicos estatales: Radio y
Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social,
Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo entre
2014 y 2016.
Entre estas empresas,
la ASF señaló que Televisión de Hidalgo pagó 9 millones 360 mil pesos a Bufete
de Proyectos de Información y Análisis, S.A. de C.V. en 2014. La empresa, que
se presenta en su portal de Internet bajo el nombre de Gabinete de Comunicación
Estratégica, despacha en el piso 17 de un edificio ubicado en el número 483 de
la avenida Paseo de la Reforma.
Santiago Nieto
Castillo, el titular de la UIF, reveló esta mañana que la compañía había
transferido 47 millones de pesos a Grupo Tv Promo, supuestamente vinculada con
la empresa Piña Digital S. de R.L. de C.V., que a su vez produjo la serie El
populismo en América Latina, parte de la “campaña negra” contra AMLO, según
el funcionario.
Enseguida, la empresa –cofundada
por Federico Berrueto y Liébano Sáenz–, condenó las declaraciones de Nieto:
afirmó que incurrió en “una violación flagrante a la presunción de inocencia,
además de violar el secreto financiero y la protección de datos personales a
los que están obligadas las autoridades”.
Para justificarse, la
compañía aseguró que los pagos se llevaron a cabo en septiembre de 2017, “antes
del inicio formal del proceso electoral oficial y de la definición de
candidatos, y casi medio año del inicio de las campañas presidenciales”, e
insistió en que se limitaron en brindar servicios de comunicación, que “nada
tuvieron que ver con política o procesos electorales”.
Durante los primeros
días de marzo se han encontrado 21 nuevos informes secretos del presidente
Andrés Manuel López Obrador en los expedientes resguardados por el Cisen en el
Archivo General de la Nación (AGN), con alcance hasta 1985. Antes de firmarse
el acuerdo presidencial para abrir toda la documentación, a finales de febrero
pasado, estaban identificados sólo 10, pero hoy suman 31 y las fojas pasaron ya
de 23 a 63.
En dos semanas, se
calcula, estará lista una versión pública para su revisión…
Y habrá más, porque
sólo la quinta parte de la información contenida en esas 7 mil cajas, vigiladas
hasta hace unas semanas, está clasificada; y porque falta además conocer y
transferir los archivos en custodia del propio Centro de Investigación —ya
extinto— en su sede de la delegación Magdalena Contreras, la cual abarca de
finales de los 80 a 2018.
“Aún no sabemos qué
cantidad de cajas hay en las últimas instalaciones del Cisen ni qué datos
traen”, dice a Crónica Carlos Ruiz Abreu, titular del AGN.
Tan sólo en el arranque
de mes, se han presentado alrededor de 150 solicitudes de información pública,
las cuales equivalen a seis meses del año anterior. Los solicitantes son
investigadores, periodistas y ciudadanos en busca de referencias personales, porque
participaron en movimientos estudiantiles, sindicales, campesinos,
magisteriales u obreros…
El rezago no se limita
a los documentos de espionaje, es generalizado, y poner orden es el principal
reto del historiador, quien ya ha gestionado 100 millones de pesos adicionales
—aunque fraccionados a lo largo del año— al presupuesto autorizado para 2019,
el cual es de 78 millones de pesos.
“La ventaja es que el
Presidente sabe cómo está el Archivo, porque ha sido un continuo consultor de
expedientes, ha mandado a personas a que le investiguen cosas para sus libros,
al menos desde 1987. Y su esposa también ha investigado aquí, no son ignorantes
de la historia y el acuerdo es que Hacienda nos irá dando ampliaciones como las
necesitemos”.
La limitación económica
para el trabajo operativo en el AGN va en contrasentido a la partida millonaria
destinada a un nuevo edificio anexo, al cual ya se traspasaron los 54
kilómetros lineales de archivos manejados por la institución, entre éstos los
del Cisen. La obra fue entregada a Ruiz Abreu apenas el 31 de diciembre.
En la pasada
administración, se gastaron entre mil 100 y mil 200 millones de pesos en ese
complejo.
“Estamos en proceso de
auditoría, conociendo gastos, la investigación está en la cancha del Órgano
Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública, tienen todos los
papeles para indagar indicios de corrupción, no puedo decir que no habrá, pero
está en proceso”.
El AGN dependió hasta
el año pasado de la Segob. A partir del 1 de enero de 2019 se le decretó como
órgano independiente…
—¿Qué información
encontraremos en las cajas provenientes de las oficinas del Cisen en el sur?
—se pregunta al director.
—La misma línea de la
que estaba aquí: persecuciones políticas, investigaciones de acontecimientos
sociales, personajes incómodos, aunque seguro se notará el avance de la
tecnología: esperamos audios, videos, memorias, una manera diferente de espiar.
Les hemos pedido que nos manden el material ordenado, no en bruto, y lo mismo
al resto de las dependencias federales, las cuales también quedaron obligadas a
partir del acuerdo.
—Ha hablado de que no
sólo los archivos del Cisen estaban cerrados, de que el problema se extendía a
todo el Archivo…
—Hay dos razones por
las que prácticamente se cerró la consulta al público: los investigadores no
querían venir ante los inconvenientes por el traslado de documentos al edificio
nuevo, y por la voluntad de quienes han dirigido este espacio. El archivo del Cisen
es uno de los 700 fondos documentales que tenemos aquí, tan sólo de la época
colonial son 130.
—¿Cuál es el nivel de
rezago, en general?
—La documentación está
identificada y clasificada, pero sólo el 25 por ciento está descrita; si se
buscan documentos de cualquier tema, no se encontrarán todos, porque se carece
de un catálogo. Nos falta una base de datos por nombre, apodo, calle, palabra
clave, es lo que queremos hacer con todo, incluido lo del Cisen. Es muy grande
el volumen, y las autoridades no se preocuparon por la descripción, la idea es
romper ese porcentaje.
—¿El atraso sólo es en
descripción?
—No, tenemos
laboratorios para digitalizar, restaurar papel y encuadernar volúmenes de
primer mundo, pero no restauramos ni digitalizamos nada. Sólo el 6 por ciento
del material está digitalizado. Nadie se ha preocupado desde hace más de 30
años por las tareas sustantivas del Archivo.
—¿A qué se dedicaban
entonces?
—Fue la ley del mínimo
esfuerzo, le dieron prioridad a publicaciones, organización de mesas redondas,
exposiciones. En las administraciones de Calderón y Peña Nieto las directoras
se concentraron en la Ley General de Archivos y en viajar, y les impidió estar
dentro del Archivo. Yo no he salido ni a Xochimilco, no podría tener cara de
salir a un estado a decir cómo deben tener su archivo local, si yo tengo hecho
un desmadre el de aquí.
—También se ha referido
a la falta de personal…
—Ahora hay 219
empleados. Urgen otras 15 o 20 personas para salir al paso, enfocadas a
trasladar los expedientes a la sala de consulta, y atender a los solicitantes.
Necesito técnicos, no directores ni subdirectores, sólo operativos que sepan de
archivos.
—¿Podrán ser aprendices
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro?
—Nos ayudarían, pero la
cuestión archivística es más delicada, al menos requerirían tener conocimientos
previos en archivonomía, biblioteconomía e historia. Mi objetivo es romper
todos los frenos, concretar una apertura real del Archivo, no simulada, pero
hay que remar mucho…
