miércoles, 12 de julio de 2017

Las Noticias/Diario Tribuna Chiapas


Autoridades de Zinacantán se niegan pagar adeudos con la  CFE

Zinacantán, Chis., 12 JUL.-Las autoridades municipales de Zinacantán piden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no generar un conflicto social por la demanda interpuesta por el adeudo de u nos 40 millones de pesos, contra del ayuntamiento por deudas contraídas por administraciones pasadas por el consumo de energía eléctrica en las comunidades.
            El alcalde de la localidad indígena de los Altos de Chiapas, Manuel Martínez Jiménez indicó que tras el acuerdo a que llegaron a inicios de este mes con las 59 comunidades advirtieron a la CFE que si hace efectiva la demanda o alguna orden de aprehensión y es retenido algún funcionario del municipio serán retenidos sus empleados trabajadores.
El acuerdo fue tomado a principios de este mes por las 59 comunidades de ese municipio indígena de los Altos de Chiapas, agregó el edil.
Martínez Jiménez dijo que la paraestatal está requiriendo firmar un convenio para la actual administración salde la deuda, sin embargo si no pueden con el adeudo, que siga pagando la próxima, pero aquí en Zinacantán, recalcó “no dejamos endeudado a nadie”, las autoridades entrantes deben de tener una caja.
En Zinacantán no se le debe a nadie y no se le puede generar una deuda al municipio, aclaró Martínez Jiménez.
El edil de Zinacantán destacó que desde que asumió el cargo el 2 de octubre de 2015, el ayuntamiento ha pagado el consumo de energía en el palacio municipal.
Dijo que el cobro es injusto porque la CFE está cobrando es el alumbrado público en las comunidades, que ni existe ya, por lo que no van a pagar, sostuvo.
Los cobros que alega la paraestatal es por el alumbrado público, el consumo en espacios públicos y por bombas de agua de particulares, sin embargo cuando hemos tratado de negociar el personal no se ha hecho presente en el municipio CFE para decirle cuáles son las alternativas y qué le corresponde pagar al ayuntamiento, concluyó.
Cabe mencionar que en Chiapas solo dos de los 122  municipios están libres de deuda  con la  Comisión Federal de Electricidad, (CFE).
Unas 120 alcaldías adeudan en conjunto 823.3 millones de pesos, solo Belisario Domínguez y Tumbalá no tienen ningún adeudo.
Tuxtla Gutiérrez tiene una deuda de 7.6 millones de pesos; Tapachula de 10.2 millones, y San Cristóbal de las Casas  de 4.2 millones de pesos; pero el municipio que más adeuda es Comitán  con 104.7 millones de pesos.Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

Cinco millones de votos menos para el PRI

Por José Gil Olmos

Ciudad de México, 12 JUL (apro).-Desde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia del país, el PRI ha perdido cerca de cinco millones de votos en las elecciones que se han realizado de 2012 a la fecha. Un millón de estos votos se habrían ido a Morena en la pasada elección del Estado de México.
Los escándalos de corrupción que han surgido en la gestión de Peña Nieto, más los de los exgobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, así como las denuncias de violaciones de los derechos humanos, los gasolinazos y la crisis financiera, son algunos de los factores que han ocasionado que el PRI pierda tantos votos de cara a la elección de 2018.
Bajo estas circunstancias los priistas están más cercanos a sufrir una derrota que repetir la victoria en la próxima elección presidencial de 2018. Hace seis años, cuando Peña Nieto era gobernador mexiquense, en el PRI ya se tenía segura la decisión de quién sería el candidato presidencial y, aprovechando el mal gobierno de Felipe Calderón, capitalizaron el enojo social en contra del panista, cuya decisión de declarar la guerra contra el narcotráfico costo miles de muertos, desaparecidos y desplazados.
Hoy este enojo social se ha acrecentado en contra Peña y muchos de los integrantes del PRI que en 2012 regresaron al poder con un ansia inconmensurable de rapiña, abuso de poder, corrupción, tráfico de influencia e impunidad.
La pérdida de votos se refleja también en la pérdida de gubernaturas, pues de 20 que se tenían en el 2012, ahora el PRI sólo cuenta con 14. Entre las derrotas más costosas electoralmente hablando se encuentra Veracruz, que perdió apenas el año pasado.
La conducta del gobierno de Peña Nieto y la de algunos gobernadores profundizó la erosión del PRI, cuya credibilidad y confianza es cada vez menor entre el electorado. Peña es el presidente con la peor calificación ciudadana desde 1995, cuando Ernesto Zedillo cargó con la culpa de la crisis financiera llamada “Efecto tequila”, flagelo que impactó a 17 millones de familias que perdieron propiedades y ahorros ante la descomunal usura de los bancos.
Hasta ahora el PRI no ha mostrado una estrategia efectiva para recuperar la confianza del electorado, su líder Enrique Ochoa Reza se ha dedicado a encabezar una campaña estridentista en contra de Andrés Manuel López Obrador y en asegurar que en el PRI no caben los corruptos.
Pero cada vez que habla de corrupción, Ochoa Reza escupe hacia el cielo, pues una vez que asegura que en el PRI ya no habrá ese problema, salen a flote nuevos casos, o los que ya se creían cerrados vuelven a abrirse, y de sus entrañas brota la pus de la corrupción, como fue la denuncia de que tanto el gobernador de Chihuahua, César Duarte, como el de Veracruz, Javier Duarte entregaron cientos de millones de pesos para financiar campañas del partido.
Los problemas en el PRI se van acumulando conforme se acerca la elección presidencial. Voces internas hablan de posibles fracturas si no se democratiza la vida interna del partido y se rechaza la amenaza de que Peña Nieto intenta imponer a su candidato.
De esta manera, mientras los priistas intentan resolver los retos hacia el 2018, la inconformidad social aumenta. La pregunta es si la oposición y, sobre todo Morena, será capaz de transformar ese enojo social en votos a su favor.  Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

Juez condena a Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por corrupción

Ciudad de México, 12 JUL (apro).-El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado este hoy a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso de corrupción que investiga la justicia brasileña en la estatal Petrobras.
Lula fue hallado culpable de aceptar 3.7 millones de reales (1.1 millones de dólares) en coimas de la firma constructora OAS, monto que invirtió en la remodelación y amueblado con piezas de lujo de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, en Sao Paulo.
No obstante, Lula, de 71 años, quien siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas, tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.
Según el juez Sergio Moro, la razón para no ordenar el arresto inmediato del mandatario para que apele en libertad es “evitar ciertos traumas”.
Pese a ello la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones en la trama de corrupción conocida como “Lava Jato” (autolavado, en portugués), es histórica ya que por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción.
Lula, presidente de Brasil de 2003 a 2010, sigue siendo uno de los políticos más populares del país y aspira a volverse a elegir para el mismo puesto en 2018.
Según la sentencia de Moro, citada por medios brasileños, el de Lula fue “un delito complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes” y el hecho de que Lula era el encargado de nombrar a los directores de Petrobras, le otorgaba “un papel relevante en la trama criminal”.
Lula ha atribuido “fines políticos” a este proceso judicial e incluso ha negado que el apartamento de Guarujá sea de su propiedad, algo que Moro descartó en su sentencia.
La operación “Lava Jato” comenzó en marzo de 2014 y ha salpicado a políticos y poderosos empresarios de Brasil.
Si el Tribunal Regional Federal confirma la condena, Lula podría ver frustradas sus intenciones de contender por la presidencia en 2018 porque sería inelegible.
Ese tribunal suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que su resolución llegue en la víspera de la elección presidencial.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

Podemos Mover a Chiapas en 2018 sin violencia y sin abstencionismo

* Convoca Enoc Hernández, a líderes de los partidos políticos abonar a una cultura de paz y a promover la participación ciudadana


Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 JUL.-Los jaloneos internos de los partidos políticos no deben polarizar ni radicalizar a la sociedad chiapaneca, afirmó Enoc Hernández Cruz, presidente Estatal de Podemos Mover a Chiapas.
Los líderes de los institutos políticos en Chiapas debemos abonar a una cultura de paz y alejar los fantasmas de la confrontación y la violencia que en nada contribuyen a generar un clima de tranquilidad de cara al proceso electoral del 2018.
En entrevista con diferentes medios de comunicación, Hernández Cruz, dijo que su partido será factor de unidad al interior y de respeto al exterior.
No pretendemos conquistar militantes ni electores acusando a los adversarios de todos los males que ofenden a la sociedad, sino al contrario nuestro objetivo es no cometer los errores que han orillado a otros partidos a un serio desgaste ante la ciudadanía.
Reiteró que 2015 " nos enseñó que cómo Partido Podemos caminar solos, porque a veces es mejor ir solo que mal acompañado", pero estamos convencidos y abiertos -agregó-a construir acuerdos y plataformas comunes con otras fuerzas políticas "porque la unión hace la fuerza".
Finalmente dijo que Podemos Mover a Chiapas promueve en todo el estado la participación ciudadana para evitar que el gran ganador de las elecciones del 2018 sea el abstencionismo.
"No queremos abstencionismo ni violencia en los próximos comicios y desde ahora debemos todos abonar a una cultura de paz pero también a fomentar una alta participación cívica en las urnas", puntualizó.Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

La dura carta de la FIP a Peña Nieto por la violencia contra periodistas

Por Marco Appel

Bruselas, 12 JUL (apro).-Muy dura fue la carta que envió el pasado 30 de junio el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el francés Anthony Bellanger, al presidente Enrique Peña Nieto.
No sólo expresa desde el primer párrafo de esa larga comunicación, a nombre de la FIP, su “consternación e indignación por la alarmante violencia e impunidad que sufren los y las periodistas en México”.
El secretario general de la FIP -la organización gremial más grande del mundo que representa a 600 mil trabajadores de la prensa de 140 países- también le dice a Peña Nieto que “es realmente preocupante la escasez de respuestas que, debido a la debilidad de sus partidas presupuestarias y la falta de voluntad política, viene destinando su gobierno tanto al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (…) como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión (FEADLE)”.
            No sólo consideró “aberrante” que este año no les haya asignado recursos a ambas instancias, sino que además lamentó “que en el curso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya empeorado notablemente”.
El exhorto de la FIP es terminante: “Lo conminamos, respetuosamente, a que antes de que concluya su sexenio haga explícito su compromiso de resolver los 34 crímenes y tres desapariciones de periodistas perpetrados desde finales de 2012, y se haga justicia enjuiciando a los autores materiales e intelectuales de los mismos”.
Pero la carta de Bellanger no fue la única que en esa fecha transmitió la FIP al gobierno mexicano. El organismo dirigió otra al procurador general de la República, Raúl Cervantes, la cual está firmada por el presidente de la FIP, el veterano periodista belga Philippe Leruth.
Como la del secretario general, la misiva de Leruth destaca igualmente por su severidad.
En una parte reconoce que “México no es el único país en el que los periodistas pagan con su vida su voluntad de cumplir con su deber de informar”. Pone como ejemplo los casos de dos periodistas franceses y uno iraquí que murieron recientemente en las calles de Mosul, donde seguían los avances de las tropas iraquíes contra el grupo terrorista Estado Islámico.
“Tales muertes, aunque son intolerables, se pueden entender en el contexto de un país en guerra”, le escribe Leruth al procurador Cervantes, para después aclararle que, “las muertes de los colegas mexicanos, sin embargo, son doblemente intolerables, no sólo porque México no es un país en guerra, sino también porque sus asesinos quedan impunes en más de un 90% de los casos”.
El presidente de la FIP le restriega al funcionario mexicano que México, según cifras de su organización, detenta en este momento, con ocho periodistas asesinados en lo que va de 2017 (contando a Salvador Adame) “el triste título de país más mortífero para los periodistas en el mundo”.
El año pasado México cayó del séptimo al tercer puesto como país más peligroso, sólo después de Siria y Afganistán. Pasó del séptimo al terrible primer sitio en tan sólo dos años durante el gobierno peñanietista.
Leruth cuestiona la actitud de las altas autoridades mexicanas: “Para luchar de manera efectiva contra la impunidad, es necesario que la justicia mexicana la considere como un asunto de máxima prioridad”, como, señaló a manera de comparación, prometió hacerlo en Colombia el fiscal general de ese país, Néstor Humberto Martínez, durante una reunión que sostuvo con él hace unas semanas.
Procuradores especializados
El 4 de julio, este columnista charló brevemente con Leruth en las oficinas centrales de la FIP en esta capital belga. Estuvieron presentes el secretario general adjunto, Jeremy Dear, y la responsable de comunicación y campañas, Estíbaliz Ortiz.
De entrada, Leruth comenta que la cuestión no es constatar la gravedad del problema en México, sino conocer la razón de los asesinatos que, para él, son cometidos por el narcotráfico y no por las autoridades.
Señala: “Visto desde aquí, y aclaro que no conozco el contexto político mexicano, yo no creo que pueda incriminarse a las autoridades políticas o regionales, salvo si en ciertas regiones están ligadas a actividades ilícitas”.
Con las cartas descritas, la FIP lanzó una campaña internacional en favor de la seguridad de los periodistas mexicanos, en colaboración con el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), su afiliado en el país.
La FIP ha dado seguimiento a la situación mexicana desde hace tiempo: el país –recuerda Estíbaliz Ortiz– fue uno de los cuatro casos que la FIP eligió en 2015 y 2016 en el marco de la conmemoración del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el 2 de noviembre.
A finales del año pasado, por otro lado, la FIP y el SNRP organizaron una conferencia internacional en la Ciudad de México, la cual incluyó talleres sobre seguridad y derechos laborales que ayudó a impartir Dear.
Leruth comenta: “Si la justicia no da prioridad a un tipo de crímenes particulares, como el de periodistas, las tasas de impunidad no disminuirán. Los crímenes contra periodistas son considerados del derecho común y no ataques a la libertad de prensa. Lo que reclamamos es que haya procuradores especializados que traten de oficio estos crímenes”.
El organismo periodístico también busca “reforzar” su presencia en México: “Tenemos colegas muy comprometidos en el SNRP. Pero queremos ayudarlos a expandirse o convencer a otros sindicatos de que se adhieran a la FIP”, narra Leruth.
Por lo pronto, la organización continuará denunciando lo que sucede en México en instancias internacionales como la ONU y la Unión Europea (UE). Sus sindicatos afiliados en todo el mundo planean también solicitar a las embajadas mexicanas informes sobre las acciones que realiza el gobierno de Peña Nieto para brindar seguridad a los periodistas del país.
La FIP igualmente está analizando una selección de tres “casos clave” de crímenes contra periodistas que puedan ser sometidos a investigaciones y posteriormente llevados ante tribunales.
Leruth, sin embargo, reconoce los límites de la presión exterior: “Nosotros podemos apoyar a los periodistas mexicanos, pero ocasionalmente; corresponde principalmente a ellos defenderse”.
Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

Desestiman GCDMX y ALDF al Comité Ciudadano
en la creación de Sistema Anticorrupción local

* Interpretan en el panel “Los retos de la implementación del Sistema Anticorrupción de la CDMX”, que la Asamblea Legislativa ya es el órgano de representación ciudadana frente al gobierno capitalino; Transparencia Mexicana advierte que para abatir la corrupción es necesario que tanto gobierno como empresas hagan públicas sus estructuras globales y sus reportes financieros a lo largo de toda esa estructura para evitar “sorpresas” de transacciones fraudulentas a través de empresas fantasma o filiales al abrigo de autoridades no transparentes y no haya más “Panama Papers”

Ciudad de México, 12 JUL.-Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y el representante del presidente de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, expresaron ayer durante el foro convocado por la COPARMEX CDMX que el Sistema Local Anticorrupción estará a la vanguardia de todos los sistemas del país y que no se dejó de lado a la sociedad civil porque ya en su interior la ALDF tiene los elementos delegados por la ciudadanía para representarla.
A menos de una semana de concluir el plazo para que los estados aprueben sus Sistemas Locales Anticorrupción aún se observan serios retrasos, tal es el caso de la CDMX donde ni siquiera se han presentado al pleno los 11 dictámenes de las leyes que regirán el sistema local, situación ampliamente señalada por diversos sectores de la sociedad civil y el empresariado capitalino.
En el marco del I Foro Empresarial Anticorrupción CDMX 2017 la mesa dedicada a la capital del país contó con la participación de Manuel Granados Covarrubias, consejero general Jurídico de la CDMX, Fernando Carmona Romero, director general de Legalidad de la Contraloría de Gobierno; y Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez, asesor de Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF. Asimismo, por la sociedad civil estuvieron Vanessa Silveyra de la Garza de Transparencia Mexicana y Sofía Ramírez de Aguilar de Mexicanos contra la Corrupción, como moderadora.
El panel tuvo como objetivo resaltar aquellas acciones necesarias para crear sistemas anticorrupción eficaces y eficientes, para hacer frente y combatir el cáncer de la corrupción que, como señaló Vanessa Silveyra, “económicamente le cuesta al ciudadano de a pie y menos favorecido, por lo menos en la CDMX, el 33% de su ingreso familiar”. 
Este panel sobre el Sistema Anticorrupción de la CDMX, arrancó tras la inauguración en la que Gustavo de Hoyos Walther líder nacional del organismo y Jesús Padilla Zenteno, el líder capitalino de los empresarios de COPARMEX, urgieron a que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus versiones estatales sean valientes y comprometidas, y se erijan como ejes fundamentales en la lucha contra la corrupción con una fiscalía que goce de plena autonomía para que la sociedad confíe en la fortaleza de las instituciones desde la denuncia, y a través de la investigación y las sanciones reales ejercidas y ejecutadas por las autoridades.
Sofía Ramírez inició con el cuestionamiento a Gustavo Jiménez, asesor de Leonel Luna, sobre la relevancia del nombramiento del Secretario Técnico en el ordenamiento local y que esté siendo seleccionado por el Comité de Gobierno y no por los ciudadanos como sí ocurrió en el sistema nacional, haciendo a un lado al Comité Ciudadano capitalino.
El funcionario respondió: “Durante estos días se está decidiendo el paquete de las nuevas leyes así como las reformas en materia anticorrupción y uno de los temas es justamente el del nombramiento del Secretario Técnico y se hizo así, básicamente, porque ya la ALDF es el órgano en el cual se reconduce la voluntad popular; de hecho los órganos parlamentarios tienen también la función de controlar la función del gobierno y servir de contrapeso al poder”, externó el asesor del asambleísta.
Fernando Carmona, director de Legalidad de la Contraloría de Gobierno de la CDMX a su vez expresó que la importancia del Comité Ciudadano ya está contemplada por su incidencia en materia de política pública y también en materia de contraloría, porque estará al pendiente de aquellos temas en los que particulares cometan lo que se denomina “probables faltas graves de particulares en la comisión de delitos de corrupción”, así que el comité ciudadano, dijo, “es fundamental para la vigilancia, investigación y sanción en estas faltas graves de particulares”.
No obstante, Vanessa Silveyra de Transparencia Mexicana, cuando se le interrogó sobre la importancia de la participación del Comité Ciudadano en la conformación del Sistema Anticorrupción de la CDMX, expresó que el organismo que ella representa pugnará siempre por un gobierno y parlamentos abiertos que tengan en su centro a la ciudadanía como parte de la toma de decisiones “porque eso redunda en el éxito, por ejemplo, de un Sistema Nacional Anticorrupción, y que aunque la CDMX es punta de lanza en muchos temas, sí está quedando a deber en lo referente al sistema local anticorrupción, pues 97 de cada 100 denuncias no se resuelven porque los particulares temen ratificarlas por las represalias y la discrecionalidad al aplicar la normatividad de las autoridades capitalinas, cuyas funciones y gastos no son totalmente transparentes”.
Fernando Carmona y Gustavo Jiménez, por su parte, siguieron expresando que el tema de la corrupción y de la toma de decisiones es un tema de corresponsabilidad, entre ciudadanos y gobierno, pues ambos coincidieron en que para existir corrupción se requiere la participación de particulares y autoridades. Y que la evaluación legislativa ya tiene la observación y participación ciudadana en su centro neural, ya que casi medio millar de organizaciones de la sociedad civil hicieron aportaciones para la construcción del Sistema Anticorrupción de la CDMX.
La solución equitativa de esta tensión, desde el parecer de Vanessa Silveyra, fue insistir en reforzar la participación más puntual del Comité Ciudadano para que logre alinearse tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con una política pública anticorrupción de las empresas y que se observe en los niveles, local, nacional e internacional, para que la transparencia corporativa tenga un mapa público visible.
La panelista hizo hincapié en que las empresas también transparenten sus informes financieros, su política anticorrupción, su estructura corporativa global, así como el modo en que están jerarquizadas sus filiales para que sus reportes financieros sean publicados de acuerdo a todos estos elementos y toda su estructura corporativa para no caer en sucesos como los “Panamá Papers”, es decir, para no hallarse con la sorpresa de corrupción en transacciones y trámites escondidos de gobiernos con empresas membrete, instaladas en paraísos fiscales, o empresas fantasmas o las no obligadas a transparentar sus reportes financieros.Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017


Refrenda la Iniciativa Privada su voluntad de expandir su apoyo  a la UNACH

*Destaca el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández el aporte de Banco Santander para el avance de los programas de movilidad

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 JUL.-Con el propósito de refrendar el compromiso de apoyo a los programas de movilidad realizados por la Universidad Autónoma de Chiapas, así como para entablar pláticas e iniciar nuevas formas de vinculación con esta institución educativa, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, recibió la visita del director Ejecutivo de Santander Universidades, Arturo Cherbowski Lask.
            Durante esta reunión, el representante de esta entidad financiera, Arturo Cherbowski Lask, aseveró que ante el panorama actual del país, los socios de las universidades deben estar presentes, y observar en que temas pueden involucrarse de manera efectiva.
            “Nuestra experiencia de 25 años, apoyando a las instituciones de educación superior, nos ha permitido ser la institución privada que más apoyos da en el tema de la educación, por lo que continuaremos buscando la manera de ampliar el apoyo a esta Universidad”, apuntó.
            Acompañado del director de Banca de Instituciones Región Sur-Sureste, Martín Chau, indicó que continuarán identificando las áreas de oportunidad que existan, para apoyar su desarrollo, en un esfuerzo concertado por generar beneficios para la comunidad unachense.
            En este marco, el rector Carlos Eugenio Ruíz Hernández expuso que el crecimiento que la UNACH ha tenido, en el tema de la matrícula y la oferta académica, hace que estos apoyos multipliquen su valor, puesto que dan la oportunidad de que académicos y estudiantes puedan realizar estancias de estudios en instituciones nacionales e internacionales.
            “Contar con becas Santander para estudiantes  y profesores, a través del Espacio Común de Educación Superior (ECOES), entre otros programas, ha hecho que más de 90 jóvenes hayan vivido esta experiencia en los últimos tres años, alcanzando un monto mayor  a los tres millones y medio de pesos”, explicó.
            Mencionó que esto compromete a la universidad a continuar ofertando una educación de calidad, dado que además de la demanda educativa local, también se cuenta con alumnos de 23 estados diferentes, que en este semestre julio-diciembre cursarán alguna de las 44 licenciaturas que se encuentran disponibles de manera presencial.Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

CEDH y sociedad civil se capacitan en temas de hostigamiento, acoso sexual, género, derechos sexuales y reproductivos

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 JUL.-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), que preside Juan Óscar Trinidad Palacios, a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, realizó de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una jornada de talleres denominados: “Género, Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos” y “Género, Derechos Humanos, Hostigamiento y Acoso Sexual”.
            Dichos talleres, fue dirigido al personal del organismo defensor de los derechos humanos, así como, a personas de la sociedad civil quienes se mostraron interesados en los temas que se trataron en días pasados, en el Salón Azul de Presidencia de la CEDH.
            Personal de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, Lesly Elizabeth Flores Serrano y Victoria Pérez Ramos respectivamente, impartieron los talleres con duración de diez horas durante dos días; los involucrados participaron con preguntas y diversas actividades en equipo, a esta jornada asistió en representación del ombudsman chiapaneco, la Visitadora General Especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Ruiz Coutiño y el titular del Instituto de Investigación, Sergio Enrique Serrano Alfaro.Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

Organiza SSyPC concurso de carteles “Razones para no Fumar”, al interior de penales de la entidad

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 JUL.-La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, realiza concurso de carteles en penales de la entidad, con el tema “Razones para no Fumar”.
            Como parte del proceso de reinserción social del nuevo Sistema Penitenciario de Chiapas que incluye el combate a las adicciones, la SSyPC llevó a cabo una actividad con la población penitenciaria, que busca reencausar la conducta delictiva hacia un mejor comportamiento social.
            La actividad se llevó a cabo en los 15 centros penitenciarios y para menores infractores, plasmando mediante dibujo, la temática de las causas y consecuencias del Tabaquismo en el organismo y en el medio ambiente.
            Cabe hacer mención, que en cada uno de los penales se llevan a cabo pláticas, con temas como Estrategias para mejorar tu vida, impartidas por especialistas, lo que permite sensibilizarlos y al mismo tiempo fomentar la salud y la prevención.
            Los carteles fueron expuestos en todos los centros, obteniendo los primeros lugares un reconocimiento y regalos en especie, mediante donaciones gestionadas a través de particulares e instancias de gobierno.
            Con estas acciones, la dependencia que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, garantiza mayor y mejores condiciones de vida a los internos, mediante programas de dignificación penitenciaria que fortalecen las áreas médicas, psicológica, odontológico y de trabajo social.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2017

No hay comentarios.:

Publicar un comentario