miércoles, 12 de julio de 2017

LAS NOTICIAS NACIONALES


ORDENA TEPJF QUE SE RESUELVAN IMPUGNACIONES POR ELECCIÓN EN EDOMEX
Julio 12, 2017
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las 68 sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), mediante las cuales se había desechado las impugnaciones que el PRD, Morena y PT presentaron contra los resultados de los cómputos distritales de la elección para la gubernatura en el Estado de México y con las cuales pretenden anular la votación recibida en diversas casillas.
Al resolver los juicios SUP-JRC-201/2017 y sus acumulados, se añadió en un comunicado, los magistrados de la Sala Superior concluyeron, por unanimidad, que las personas que presentaron las demandas de los juicios locales sí debieron ser considerados como representantes legítimos de sus respectivos partidos.
Esto, ya que el propio Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ya los había reconocido como representantes legítimos.
Diversos medios de impugnación locales fueron promovidos por los representantes del PRD, Morena y PT que habían sido formalmente registrados ante los consejos distritales del instituto electoral local.
No obstante, el TEEM determinó desechar de plano las demandas, con el argumento de que las personas que las firmaron no tenían personería para presentarlas, toda vez que los funcionarios partidistas que los designaron carecían de atribuciones para realizar estos nombramientos.
Los tres partidos acudieron al TEPJF a fin de impugnar los desechamientos dictados por el TEEM.
La Sala Superior dio la razón al PRD, Morena y PT, señalando que en diversas ocasiones el TEPJF ha sostenido el criterio consistente en que basta con el reconocimiento de la autoridad administrativa electoral para acreditar la personería de los representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales.
La Sala Superior del TEPJF consideró que las autoridades electorales deben tener presente los actos que se han presumido como válidos dentro del proceso y que no fueron cuestionados.
Tales actos no deben ser desconocidos y los órganos administrativos y jurisdiccionales deben operar con ellos asumiendo su validez, lo cual se traduce en certeza dentro del proceso electoral y en garantía de seguridad jurídica.
En razón de lo anterior, la Sala Superior revocó las sentencias impugnadas y le ordenó al TEEM reconocer la personería de los representantes del PRD, Morena y PT.
Y señaló que, si no existe otro impedimento procesal, resuelva el fondo de los juicios locales en un plazo de 20 días. Fuente: La Razón
CORTE NO ES RESPONSABLE DE FALLAS EN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: MINISTRO (ENTREVISTA)
Julio 12, 2017
En medio de la polémica que se ha suscitado por la puesta en marcha del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que este órgano colegiado nunca ordenó liberar a una gran cantidad de delincuentes, y que el Constituyente y el Congreso de la Unión fueron quienes no pusieron en el catálogo de delitos graves la portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
“Hay un conjunto de malos entendidos que ojalá los podamos entre todos resolver y nos pongamos a trabajar y encontrar maneras de solución porque se ha pensado que con la sentencia que dictamos la semana pasada, dimos la orden prácticamente de liberar a una gran cantidad de delincuentes de todo el país, cuando en realidad esto no fue así”, aseguró.
En entrevista telefónica con José Cárdenas, el magistrado explicó que en junio de 2008 se reformó la Constitución para establecer este nuevo sistema que le llamamos oral, acusatorio en el que se pensó que no tenía sentido seguir mandando a las personas por todos los delitos que cometieran a prisión preventiva sino que la mayor parte de personas iban a estar en libertad hasta que llegara su sentencia.
Posteriormente se modificó la Constitución y se aumentaron algunos delitos, se emitió en nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y se dijo que solamente delitos realmente muy graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos como armas y explosivos y los graves que determinara la ley podrían entrar a prisión.
Después, se establecieron algunos otros como traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, tráfico de menores y algunas modalidades particularmente graves de los delitos contra la salud y así quedó el caso.
Recordó que cuando se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales se dijo que todas aquellas personas que fueron juzgadas por los delitos conforme al sistema anterior y cuyo delito no sea de los señalados podrán salir de prisión y enfrentar sus procesos en libertad, con las garantías y medidas de vigilancia.
En ese sentido, refirió que la determinación de la SCJN establece que haciendo caso de lo que dispone el Código Nacional, las personas que cometieron un delito o que están acusadas por un delito ya referido pueden solicitar la libertad provisional, lo cual significa que estas personas acudirán ante un juez, quien deberá escuchar al Ministerio Público a la víctima y al acusado y con los elementos de la audiencia el juez determinará caso por caso quienes sí y quienes no pueden seguir el proceso en libertad hasta que se les dicte sentencia.
A pregunta expresa sobre si las personas acusadas por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército podrían solicitar este beneficio, el juzgador indicó que efectivamente la “mera portación de un arma de fuego, así sea de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, no está en la lista de los delitos que se mencionaron, no lo puso el Constituyente en 2008, no lo puso en la reforma del 2011, ni tampoco en el 2014, ni en el 2016”.
Dijo que si “pasaron cuatro momentos donde ese delito lo pudieron haber puesto el Constituyente o el Congreso de la Unión y no lo pusieron, entonces la pregunta es: ¿Qué hace la Corte, inventa el delito o inventa la situación de las personas para efecto de mantenerlas en prisión?”.
Ejemplificó: “Si una persona está acusada de que traía una pistola calibre 45 que es de las prohibidas, yo contras que el delito por el que se le está acusando contra lo que dice la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos a esa persona no la puedo dejar en prisión porque no lo hizo el Constituyente, no lo hizo el Legislador y ese es el problema técnico que estamos enfrentando todos”.
Javier Duarte Será Extraditado A México El 17 De Julio
Julio 12, 2017
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa será extraditado a México el próximo lunes 17 de julio.
De acuerdo con el programa Despierta con Loret, el retraso en el traslado se debe a que el gobierno mexicano decidió blindar el procedimiento judicial para brindar cualquier “grieta” que pueda provocar su liberación por parte de un juez en nuestro país.
Duarte de Ochoa aceptó el proceso de extradición en su contra durante una segunda audiencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.
El ex gobernador cuenta con dos órdenes de extradición, una por delitos federales y otra estatales, y ambas las aceptó de forma voluntaria, según él, para demostrar su inocencia en los cargos por delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.Fuente: Staff
PROMETE GOBIERNO INVESTIGACIÓN A FONDO POR SOCAVÓN EN CUERNAVACA
Julio 12, 2017
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue cuestionado sobre cómo es posible que una obra garantizada para tener una duración de 40 años presente un socavón, esto ante el percance ocurrido la mañana de este miércoles en el Paso Express de Morelos en donde perdieron la vida dos personas.
Su respuesta, es que “la carretera por donde va el Paso Express es una carretera que lleva 60 años funcionando, es una carretera en donde hicimos fue renovarle el pavimento y ampliarle un carril. No es una carretera nueva, es del derecho de vía”.
En su opinión, lo que pasó es que ha llovido de manera atípica en Morelos y ayer fue un día de esos lo que provocó una avalancha que a su vez provocó el reblandecimiento de la tierra.
Cuestionado sobre las alertas de los vecinos sobre el tema y la pequeña reparación que se hizo, el funcionario respondió que ya se mandó a hacer una investigación para no quedar sólo con los comentarios.
Reconoció que hundimientos pequeños son normales, y en esta ocasión se le inyectó concreto hidráulico para preservar que no se hundiera e irlo nivelando. “En ese momento no sé pensó, nunca, que por dentro se iba a generar ese hueco que generó el agua, ese espacio que generó el agua, que pasó por debajo de la carretera porque no encontró ducto por el drenaje y provocó esto se hundiera”.
Reiteró que “técnicamente, los expertos, no lo identificaron así. Y no es por un pequeño o gran gasto. Las empresas tienen garantía de cientos de millones de pesos para responder a una situación como esta y van a tener que responder (…), si hay responsabilidad –en un momento dado- de haber omitido algo importante tendrán que responder penalmente”.
Aseguró que situaciones así se han vivido en diferentes puntos de la República, pues no es raro que una lluvia fuerte destruya infraestructura.
A pregunta expresa, realizada por José Cárdenas, sobre quién responderá por las víctimas, Ruiz Esparza respondió que “la vida no se paga con nada eso lo entiendo. Estuve con los familiares, dos muchachas, familiares de los fallecidos, lo único que les pude decir es el pésame y consolarlas un ratito y decirles que yo me encargare, personalmente, de que se pague el seguro de la carretera.
“Eso no paga la vida, pero la empresa va a pagar adicionalmente otro tanto de lo que paga la autopista. Yo me encargare de que reciban otra cantidad, sé que eso no repone la vida del novio, del hermano, pero es la forma legal”.
Puntualizó que la obra está funcionando bien, pues la recorrió en la mañana, “si estuviera mal hecho ya se sabría
JUICIO A LA JUSTICIA
Julio 12, 2017
Los tremendos jueces, de la tremenda corte,
tendrán que resolver el tremendo caso.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es “hipergarantista” porque defiende a ultranza los derechos humanos de los delincuentes por encima de las víctimas; permite la libertad de una horda de 15 mil criminales; opera como puerta giratoria…
Por ejemplo, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, El Universal dio a conocer que 5 mil 67 detenidos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas han evitado la cárcel para seguir proceso en libertad, sin embargo, en la nota no se menciona cuántos de esos acusados, que en el último año libraron la prisión preventiva, han vuelto a delinquir. La duda mete miedo.
Entre otras cosas, de eso se quejan gobernadores de los estados y funcionarios del aparato federal, quienes demandan una reforma urgente al modelo penal en vigor desde un año.
Relacionar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con el aumento de la delincuencia es tramposo; una cortina de humo para ocultar las deficiencias de un viejo entramado judicial que, en realidad, se resiste a cambiar. Es tratar de tapar el pozo para ocultar la omisión ahogada por autoridades que tuvieron ocho años largos para capacitar a policías y ministerios públicos, locales y federal y no lo hicieron; que rehusaron gastar dinero en eso.
En respuesta a tan grave omisión, alertan que ciertas conductas se van a prestar a impunidad. ¿De veras? ¿En un país en el que tenemos 97 por ciento de ese cáncer? ¿Si tienen razón los gobernadores, y digo una barbaridad, vamos a rebasar el cien por ciento?
Las autoridades estatales y nacionales parecen tener una fórmula mágica para resolver dudas y entuertos: repito, meter miedo a la sociedad y al mismo tiempo promover una contrarreforma que endurezca la ley y facilite la aplicación de la prisión preventiva. Poco les vale tomar en cuenta la opinión de un experto como el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien asegura: “la prisión preventiva es una condena sin sentencia que castiga a quien no ha sido declarado culpable y con frecuencia no sanciona la ilegalidad, pero sí violenta la presunción de inocencia, una de las piedras angulares de cualquier sistema judicial civilizado. La prisión preventiva no debe ser una forma de justicia sumaria”.
En otras palabras, la solución al problema, según los detractores del Nuevo Sistema Penal, está en mandar a los transgresores de la ley al hacinamiento en cárceles atiborradas; rebasadas; volver lo más que se pueda al viejo sistema para prolongar juicios, promover la desigualdad y la corrupción, en perjuicio de que aquellos que no tienen con qué pagar un abogado, e indefensos, se ven obligados a permanecer en la cárcel por largo tiempo.
Por cierto, la mitad de los reos están encerrados por delitos cometidos que valen menos de 5 mil pesos y no puede salir del “bote” precisamente por pobres.
Hace cincuenta años José Revueltas, escritor y activista preso del ’68, dejó testimonio de la injusticia de la justicia, en el muro de su celda en el Palacio Negro de Lecumberri: “En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.
La amargura del encierro tras las rejas no ha perdido vigencia, por viejo o nuevo que sea el sistema de justicia penal.

EL MONJE OPORTUNISTA: Acoplando la cita del poeta Javier Duarte, (quien se fusiló al escritor sevillano Santiago Montoto), el Nuevo Sistema Penal Acusatorio merece “paciencia, prudencia, verbal continencia (Duarte dijo contingencia), dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia”, cuando en realidad –como reviró el colega Carlos Loret de Mola– revela violencia, carencia, emergencia; influencia en vez de conciencia; evidencia de truculencia (…) sentencia de permanencia en penitencia a conveniencia.

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